El sentido privatista de la gestión del agua en Chile, bajo las reglas del Código de Aguas de 1981 que ya nos rige por más de 36 años, ha generado serios conflictos en torno al acceso y la gestión de los recursos hídricos en el país, por sobreotorgamiento de aguas y degradación de cuencas, que en pleno siglo XXI resulta incompatible con los estándares internacionales y los desafíos que Chile se comprometió a enfrentar como miembro de la OECD, tanto en las negociaciones sobre cambio climático como en los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

La grave situación del agua en nuestro país quedó de manifiesto en las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de los actos de los organismos públicos competentes encargados de la fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares de Chile de la Cámara de Diputados que, tras concluir el 21 de diciembre de 2016, constató el profundo daño que han causado grandes mineras y proyectos mineros como Pascua Lama (Barrick Gold), Pelambres (Antofagasta Minerals), Los Bronces (Anglo American) y Teniente (Codelco ), a las cuencas hidrográficas y glaciares en los territorios de sus faenas. A esto, se suma el grave impacto sobre los humedales y salares en la zona norte de nuestro país, provocados por BHP Billiton y  Soquimich (SQM).

En sus conclusiones, la comisión investigadora hace un crítico análisis sobre la legislación y la fiscalización en materia de aguas en nuestro país, señalando que la Constitución Política establece que

“los derechos de aprovechamiento de aguas son objeto de dominio privado y por ende comerciables, lo que atenta contra su carácter de bien nacional de uso público”.

Agrega el documento que el Código de Aguas

“presenta una dicotomía similar, en donde por un lado existen normas que intentan resguardar el uso de las aguas en Chile y por otro una regulación donde se las ve como un plus adicional al desarrollo productivo, vinculado al rol de exportador de materias primas que presenta nuestro país”.

Y es justamente este desarrollo productivo, centrado en la extracción y exportación de recursos naturales, y una laxa regulación y la ausencia o complicidad del Estado, lo que ha provocado la crisis hídrica.

El Atlas del Agua 2016, publicado por la Dirección General de Aguas, en el capítulo “El agua un bien escaso”, presenta las declaraciones de agotamiento de las aguas superficiales para 11 ríos y sus afluentes en el norte y centro del país: ríos Loa, Elqui, Grande, Limarí, Choapa, Putaendo, primera sección del río Aconcagua, Mapocho, Tinguiririca, estero Chimbarongo, río Diguillín y río Laja. Las declaraciones de zona de escasez hídrica son 75 decretos, entre 2008  y 2015, los que se concentran en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule.

Aun en contexto de crisis hídrica, todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura, a pesar de su diversa orientación política, continuaron  amparándose en el Código de Aguas de 1981 para entregar derechos de aprovechamiento perpetuos consuntivos y no consuntivos, para promover la inversión privada en minería, hidroelectricidad y agroindustria, donde la primera es la que ha afectado más seriamente. Esto, por la grave contaminación de napas, acuíferos y humedales, como es el caso de Minera Los Pelambres y los reiterados  derrames de residuos industriales líquidos al río Choapa y Cumcumén en la Región de Coquimbo; o de  la División Andina de Codelco y los reiterados derrames de concentrado de cobre al río Blanco y al río Aconcagua en Los Andes; o el de Minera Los Bronces y la contaminación del suelo y del Río Colina con metales pesados en la Región Metropolitana.

La explotación del agua por la minería también ha provocado agotamiento de caudales; es el caso de Codelco Norte y Soquimich, que han provocado el desecamiento y contaminación del río Loa en la Región de Antofagasta. Todos estos, impactos que no han sido cuantificados.

En el caso del río Loa, se destruyó la economía del oasis de Quillagua, basada en la extracción de camarones de río, a lo que se suma la grave contaminación atmosférica, que, en el caso de Chuquicamata, obligó al traslado de sus 25 mil habitantes a Calama, después que en 1992 el lugar fuese declarado zona saturada de material particulado y anhídrido sulfúrico. La medida agravó la degradación estructural del oasis de Calama.

Más al sur, además de la sobreexplotación de las aguas y la destrucción de glaciares en las cabeceras de cuenca, la minería ha hecho caso omiso a las Resoluciones de Calificación Ambiental: Pascua Lama de Barrick Gold está detenido por incumplimientos ambientales, contaminación de aguas y destrucción de glaciares; o Caserones de Lumina Copper, que fue multado por incumplimientos graves, entre ellos la contaminación de aguas subterráneas; Los Pelambres de Antofagasta Minerals, asimismo, ha sido multada reiteradamente por contaminación del río Choapa y recientemente por incumplimiento en manejo de sitios arqueológicos.

Actualmente, el Estado de Chile no tiene información sobre aguas halladas y/o alumbradas por las empresas mineras en sus áreas de concesión, las que suelen ser de varios miles de hectáreas. La minería es el único sector productivo que no informa, ni pide las aguas, aún permanecen en el “far west” con la complicidad del Estado. Por ello, la Cámara de Diputados, en su moción para reformar el Código de Aguas, incluyo una obligación para que las mineras informen sobre las aguas halladas en sus labores de exploración y explotación, como asimismo la obligación de pedir autorización a la Dirección General de Aguas si requieren usar dichas aguas en sus faenas. De esta forma la minería sería obligada a ingresar al régimen general de solicitar permiso para usar este bien público, y la autoridad puede limitar dicho uso si hay riego de afectación del acuífero o de afectar a actividades de terceros.

Esta norma fue incluida en el Artículo 56, y fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en noviembre pasado, pero el lobby del Consejo Minero, y varias de sus empresas integrantes, sobre el Ministerio de Hacienda, logró que el Ejecutivo mandara al Senado una indicación para eliminar lo aprobado en la Cámara, lo cual implica perpetuar el privilegio que tienen las empresas mineras, de utilizar las aguas que encuentren durante sus exploraciones y faenas sin pedir autorización a la autoridad y, por tanto, sin evaluación ambiental ni social sobre los eventuales impactos que conlleva el uso de dichas aguas.

Así las cosas, la reforma al Código de Aguas, en su segundo trámite en el Senado, sufre el riesgo de ser desmantelada por el propio Gobierno, lo que implica un grave retroceso para enfrentar el grave problema de acceso y sustentabilidad de la gestión del agua en nuestro país. Permitir que la minería continúe fuera del régimen general, sin autorización y sin condiciones para el uso de las aguas, constituye una excepción inaceptable para el sector económico con mayores inversiones en el país. De facto constituye una condición de dumping socioambiental no permitido en los acuerdos de comercio e inversión vigentes y tampoco por las reglas de la OECD.

A esta lógica extractivista del “llegar y llevar” también se han sumado las hidroeléctricas. El lobby de las generadoras y particularmente de Apemec – que reúne a los inversionistas de pequeñas y medianas hidroeléctricas– sobre el Ministerio de Hacienda, ha logrado que el Gobierno, en la indicación que ingresó al Senado, exceptúe a las centrales de hasta 20 megawatts del cumplimiento del caudal ecológico, lo cual implica de facto dar permiso para secar los ríos a empresas con capacidad para invertir ente 4 y 20 millones de dólares, lo que constituye otro dumping que le resta legitimidad a la generación hidroeléctrica y que seguro será denunciado a nivel internacional.

El agua es un recurso fundamental para la vida, las economías locales y la sustentabilidad del desarrollo nacional. El Estado no debe constituir privilegios para sectores productivos a costa de la integridad ambiental y las actividades de subsistencia económica local, y particularmente en la minería, donde existe participación estatal. Este requerimiento está incluido en las recomendaciones a Chile de la OECD y en el  Objetivo 6 de Desarrollo Sustentable, con el cual nuestro país está comprometido.

Es imperativo que el Senado siga el camino trazado por la Cámara de Diputados, en orden a establecer el derecho humano al agua, la determinación de usos prioritarios para el consumo humano, el saneamiento y la preservación ecosistémica, a través de caudales ecológicos para no secar los ríos. Esto requiere que quienes necesitan usar las aguas, que son bienes nacionales de uso público, deben informar y solicitar autorización para utilizarlas, bajo condiciones que beneficien y no dañen a todos los chilenos y, especialmente, en aquellos territorios donde se emplazan explotaciones mineras, hidroeléctricas o de otros recursos naturales.

Las zonas más afectadas por la crisis hídrica son el norte y el centro del  país, que no solo han debido enfrentar condiciones climáticas de extrema sequía y desertificación durante las últimas décadas, sino también eventos extremos asociados a los cambios climáticos. No obstante, la estrechez hídrica afecta también a las regiones del sur, evidenciándose abastecimiento con camiones aljibes y limitaciones para la agricultura hasta Chiloé. Si los parlamentarios, cuya existencia se fundamenta en representar a la gente, no están a la altura de resistir el lobby y velar por el interés público, mejor que no participen en las próximas elecciones. Podemos vivir con menos minería e hidroelectricidad, pero no podemos vivir sin agua.