Agua para todos, en una nueva ley

24 febrero 2015

Después de que en 2011 se publicó una reforma al artículo 4to constitucional, que establece entre otras cosas que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”, la ley reglamentaria se hizo necesaria. Así, el derecho al agua se vuelve constitucional en México como una garantía individual, tal cual lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas.

Expertos han señalado que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sido una autoridad única sin contrapesos, responsable por el manejo sustentable de las aguas nacionales desde 1989, ha sido extremadamente vulnerable a presiones por parte de intereses: agroexportadores, empresas mineras, inmobiliarias, embotelladoras, industrias contaminantes e inversionistas en mega obras hidráulicas. Los estados y municipios no son la excepción, se repite este esquema, se promueve la urbanización de zonas de recarga y planicies de inundación y se construyen plantas de tratamiento inoperables, se distribuye agua según criterios políticos o económicos, sin eficacia ni transparencia en el uso de recursos públicos, y se concesionan los sistemas a empresas extranjeras que han sido descalificadas en sus propios países.

Lo que ha señalado en particular la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) es que el proyecto de ley del gobierno federal omite respetar y garantizar el cumplimiento de diversas obligaciones que en él se señalan, como el hecho de que no se asegura el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados. Tampoco se garantiza un acceso sustentable a los recursos hídricos con fines agrícolas de subsistencia para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada, lo que implica que debe hacerse lo posible para asegurar que las y los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas tradicionales de gestión del agua. No se protege de la transgresión y contaminación ilícita del acceso de los pueblos indígenas y comunidades equiparables a los recursos de agua en sus tierras ancestrales, ya que los Estados deben facilitar recursos para que estos pueblos planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua.

Así mismo, la COMDA ha señalado que es necesario adoptar medidas legislativas efectivas para impedir que terceros menoscaben el disfrute del derecho al agua, refiriéndose a particulares, grupos, empresas y otras entidades que nieguen el acceso al agua potable, contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua. Las autoridades deben velar porque, en caso de que un Estado o tercero haga algo que interfiera con el derecho al agua de una persona, se garanticen los derechos a la información, participación y consulta; así como la disponibilidad de vías de recurso y reparación para los afectados, incluyendo asistencia jurídica. Es necesario también prestar especial atención para que las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes y los presos tengan acceso al agua potable.

Así pues la nueva legislación debe buscar la distribución equitativa del recurso, no por nada el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento son uno de los indicadores de desarrollo humano y de igualdad. En general, las personas que viven en condiciones de pobreza pagan entre 5 y 10 veces más por el agua que otros sectores de la población, dado que no tienen acceso a las redes públicas de agua potable y saneamiento.

Cabe recordar que, al 31 de diciembre de 2012, México alcanzó cobertura de agua potable y alcantarillado del 92 y 90.5 por ciento, respectivamente; sin embargo, ese concepto de cobertura esconde violaciones al derecho humano al agua ya que contempla a personas que tienen red, pero tienen agua por tandeo o de mala calidad para consumo humano. Por otro lado, casi 9 millones de personas carecen de agua potable; de ese número, 5 millones se encuentran en zonas rurales. Para estas zonas, ni la iniciativa, ni el Programa Nacional Hídrico vigente, proponen alguna estrategia concreta para abatir este rezago.

Es claro que al gobierno federal le falta mucho para realmente garantizar el derecho humano al agua como mandata la Constitución. Y en respuesta a la iniciativa de Peña Nieto, la diputada Aleida Alavez presentó otra propuesta que representa la opinión ciudadana que es obviamente respaldada por las organizaciones como el COMDA.

En palabras de Ban Ki-moon: “Los niños y niñas que no tienen agua limpia para beber, las mujeres que temen por su seguridad, los jóvenes que no tienen la posibilidad de recibir una educación decente tienen derecho a algo mejor y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor. Todas las personas tienen derecho a un agua segura para beber, a saneamiento, a refugio y a servicios básicos”. ¡Agua para todos, agua para la vida!

20 de febrero de 2015
Fuente: bcs Noticias