Agua que no se cobra, se desperdicia

31 marzo 2016

La temática del censo –el cuarto que se elabora— refleja las responsabilidades de los municipios establecidas en el artículo 115 Constitucional, lo que permite aproximar una evaluación de las grandes ineficiencias del modelo de administración pública que tiene el país: municipios con responsabilidades relevantes, sin instrumentos ni recursos para cumplirlas. En la medida que el censo también aporta información de las delegaciones del Distrito Federal, será una “línea base” de comparación para la futura gestión de las demarcaciones territoriales que se integrarán a partir de la nueva constitución de la Ciudad de México. Veremos que tan “exitoso” resulta el nuevo estatus de la capital a partir de número duros y no sólo de declaraciones y buenas intenciones, como ha sido el caso hasta hoy.

En materia de provisión de servicios urbanos de agua potable y saneamiento, lamentablemente el censo confirma el desastre nacional y los escasos avances en los últimos años. Se reporta que 99% de los municipios del país contaban con servicio de agua potable de la red pública en 2014; sin embargo según la denominada “Encuesta Intercensal 2015” del INEGI 94.6% de las viviendas disponían de agua entubada dentro o fuera de la vivienda; y del total de hogares, sólo 68% recibían agua diariamente, 14% cada tercer día y el resto ocasionalmente en la semana. Además, en solo 34% de los municipios se tratan las aguas residuales, lo que plantea un enorme desperdicio de recursos.

Sobresalen dos aspectos administrativos del censo; primero, que existen más organismos operadores (2,688) a nivel nacional que municipios en el país (2,457), lo que habla de una gigantesca y costosísima burocracia para administrar el agua.

Segundo, y más grave aún, en 2014 solo 60% de los municipios facturaron el servicio de agua, de los cuales 55% lo hizo a través de cuota fija, lo que no considera el consumo, y únicamente 8% por servicio medido. Lo anterior se traduce en una falta de racionalidad en el consumo y no permite que el sistema de precios refleje la escasez o abundancia relativa del líquido. Del total de municipios, 40% aumentó la tarifa del servicio en el último año y 29% lo realizó con base en el incremento de gastos de operación, sin recuperar inversiones. Ello explica el pésimo servicio que otorga buena parte de los sistemas de agua potable en el país.

Los diversos esfuerzos de la sociedad civil y de algunos ámbitos del gobierno –el más emblemático es el reconocimiento a las mejores prácticas en el cobro pago del agua a organismos operadores que otorga la Fundación Gonzalo Río Arronte desde 2012, con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua— son claramente insuficientes. No sólo se requiere impulsar una verdadera cultura del agua; se necesita una redefinición integral de todo el sistema financiero que la regula.

31 de marzo de 2016
Fuente: El Financiero
Nota de Mariano Ruiz Funes