Aguakán recibe concesión de agua potable por 30 años más

10 diciembre 2014

Antes del inicio de la sesión, Nadia Santillán Carcaño, la única regidora perredista, externó su desacuerdo por la forma cómo se llevó a cabo esta sesión, pues no se justificaba que fuera extraordinaria y privada; lo primero porque tienen obligación de avisar por lo menos con 24 horas de anticipación y no se corrió ese trámite, lo segundo porque el agua es un tema de carácter público y un derecho humano, dijo.

La regidora recordó que la concesión del servicio de agua potable se otorgó en el año de 1993 a Aguakán con una fecha de vencimiento hasta el año 2020, sin embargo dentro del acuerdo que se aprobó ayer en la sesión de cabildo se le extendió la concesión hasta el año 2053.

“Desconozco por qué la empresa está solicitando la prórroga anticipada, porque aún faltan ocho años para que venza su concesión, pero esto debió de darse con tiempo, para que los regidores tuviéramos tiempo de recopilar la información, el historial de la empresa incluso que los ciudadanos opinen y ponerlo a consideración de los usuarios que ellos sean quienes aprueben o reprueben el servicio de la empresa”, aseguró.

Según la regidora, el argumento en el que se basó el gobierno municipal encabezado por el priísta Paul Carrillo de Cáceres es el artículo 190 de la Ley de Municipios, que establece que para que nosotros podamos renovar concesiones o prórrogas; es decir, “tiene que haber una petición de la concesionaria, que nunca nos fue mostrada, solamente nos mostraron el acta de Cabildo en donde nos dicen que vamos autorizar una prórroga anticipada,” argumentó la abogada.

“¿Qué quiere decir esto?, que la concesión con Aguakán no ha vencido, faltan ocho años para que termine este periodo y entonces le vamos a dar 30 años. El Ayuntamiento no está haciendo una valoración real de por qué y tendríamos que poner en tela de juicio a Aguakán; ver si está cumpliendo con todo lo que se comprometió cumplir cuando se hizo la primera concesión en 1993”.

La regidora mencionó que la empresa deberá pagar alrededor de 78 millones de pesos anuales o el 10% de la recaudación, y aquí cuestionó en qué se basaron para establecer este monto.

Por su parte, el dirigente estatal del sol azteca, Emiliano Ramos, dijo que resulta muy cuestionable que el Cabildo de Benito Juárez esté cediendo a las pretensiones de la empresa sin que haya mediado ningún debate previo para valorar si en efecto la empresa merecía la ampliación a 30 años de su concesión, pues la empresa enfrente severas críticas de por altos cobros, ineficiencia y mal servicio.


10 de diciembre de 2014
Fuente: El Economista
Nota de Jesús Vázquez

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