Vicente Sánchez manifestó que el argumento del Estado es que no se tienen los recursos para invertir ni obtener los requerimientos para la dotación de la población.
 

Y aunque es un dictamen que todavía no pasa al Pleno de la Cámara de Diputados, es una iniciativa que pasó a un primer trámite en comisiones.

De acuerdo con el experto, la parte más crítica es que hay una posibilidad de que se privatice cierta infraestructura de conducción a los que transportan agua a las ciudades, pero también para quienes son contratistas para desarrollarla, y por ende se conviertan en concesionarios del agua.

"Ese es el problema, si la concesión del agua se renueva, es prácticamente hacerlos dueños del agua. El primer impacto es pagar las tarifas correspondientes, y serían más caras de lo que se paga ahora. En Tijuana son tarifas relativamente altas porque la traemos de muy lejos, y subirla es caro. Ese ducto para traer agua desde el río Colorado lo paga una empresa pública, la que cobra es la CESPT, se usa energía, infraestructura y el personal que opera todo eso. La empresa privada no opera gratis", apuntó.

Manifestó que el argumento del Estado es que no se tienen los recursos para invertir ni para tener los requerimientos para la dotación de la población. Comentó que esto es una verdad a medias porque las ciudades del norte tienen rezagos, hay necesidades de inversión, se requiere de una reingeniería y ser más eficientes en la prestación de los servicios.

"En efecto, como el agua se está acabando y se comparte con Estados Unidos y ha habido menos precipitación de nieve de las rocallosas, que genera el agua que escurre al río Colorado, es un asunto que se atribuye al cambio climático y se va a tener que monitorear y ser más estrictos con el cobro, generar conciencia de la gente, etc.", finalizó.