Gobierno no advierte riesgos del fracking en Tamaulipas
20 junio 201712 de junio de 2017
Fuente: El Mañana
Nota de Daniel Rosas
Tamaulipas se encuentra en una de las zonas más ricas de petróleo y gas. Sin embargo, las comunidades no han sido informadas de las afectaciones y riesgos que habrá, por la licitación de zonas de explotación de la industria extractiva.
“El fracking tiene consecuencias aún peores sobre las poblaciones que la extracción de hidrocarburos convencionales. Hay una falta importante de información. El gobierno no está cumpliendo con su obligación de informar”, advirtió Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
“No ha habido aún información general de parte del gobierno sobre la aplicación de esta técnica del fracking a pesar de que ya hay muchos estudios internacionales y evidencia científica en Estados Unidos y otros lugares del mundo sobre los daños que conlleva a la población y que es imposible regular la técnica para evitarlos”, detalló.
Un artículo de la BBC, explica que el Fracking inyecta grandes cantidades de químicos a la roca para extraer combustibles.
“La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran profundidad. Luego de perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas metano. Cuando el gas comienza a fluir de regreso lo hace con parte del fluído inyectado a alta presión”.
Además del uso de químicos que son inyectados a la tierra, se desperdician grandes cantidades de agua, un recurso particularmente escaso en zonas como Tamaulipas.
Para la investigadora Aroa de la Fuente, han sido las organizaciones ciudadanas las que han hecho frente a este tema, exponiendo los riesgos.
“Son organizaciones civiles, redes y colectivos los que están tratando de informar en las comunidades afectadas que se encuentran en estas áreas y que son potencialmente amenazadas. Hay que informarles sobre los riesgos y cómo pueden enfrentar estas amenazas de forma organizada y colectiva”, añadió De la Fuente.
“Eso es parte del trabajo que han hecho Organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, Alianza contra el Fracking Tamaulipas, Fundar y otros organismos en el país”.
“Debemos animar a la población a que se informe para que vean cuáles son los peligros, las consecuencias, y las opciones que tienen”, expresó De la Fuente.
“El gobierno no está publicando los estudios y las evaluaciones de impacto social”.
TAMAULIPAS EN LA MIRA
“En el plan quinquenal 2015 a 2019 se contempla la extracción no convencional, y buena parte lo tiene Tamaulipas. Antes de la Reforma Energética habíamos encontrado de que Pemex había realizado ya perforación y fracturacion de pozos en Tamaulipas”, explicó Aroa de la Fuente, miembro del equipo de Fundar que realizó un reporte sobre la industria extractiva.
“Tamaulipas es uno de los estados que van a ser afectados, dónde se van a entregar contratos a empresas privadas para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Tamaulipas se encuentra dentro de una zona que creen que será rica en este tipo de hidrocarburos de lutitas que necesitan fracking para ser explotados”.
“Varios territorios están siendo amenazados con una ampliación de la actividad de hidrocarburos y la entrada de actores privados. En el caso de Tamaulipas es una región donde se entregaron áreas en la licitación 3 de la Ronda 1. También se tienen contempladas varias áreas dentro de la licitación 2 y licitación 3 de la Ronda 2. “Dos terceras partes de las áreas que se van a entregar en el plan a 2019 se encuentran entre Tamaulipas y Veracruz”.
“Además de la explotación de hidrocarburos tradicionales también contemplan permitir a empresas privadas y también a Pemex la extracción de hidrocarburos no convencionales que utilizan la técnica del fracking”, detalló.
CORRUPCIÓN, EL PROBLEMA ETERNO
“Nuevos actores están entrando al juego y ya se han entregado 38 áreas a través de contratos a 33 consorcios en los que participan 48 empresas”, de acuerdo al último reporte: “Las actividades extractivas en México: estado actual”.
Los intereses de empresas privadas y la corrupción de algunos políticos mexicanos, hacen una mezcla peligrosa.
“La participación de algunas de estas empresas despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental, mientras que otras tienen vínculos con políticos y grandes empresarios mexicanos, así como con exfuncionarios. Por otro lado, las tres primeras licitaciones de la Ronda Dos ya están en marcha y los planes para las licitaciones que se realizarán en 2019 ya son públicos”, detalla el reporte de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
DAÑOS AL ECOSISTEMA
Detallan que al mismo tiempo que la explotación de gas y petróleo se abrió al sector privado, se llevaron a cabo una serie de modificaciones a la legislación para facilitar que las empresas y sus proyectos puedan acceder y utilizar los territorios.
“En este sentido, se trata de una actividad considerada de utilidad pública, de interés social y orden público y que, por lo tanto, es priorizada por el gobierno frente a otras actividades económicas, sociales y culturales, e incluso por encima de la garantía de los derechos humanos y la protección al ambiente. De manera que los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México; en un contexto donde además el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional en yacimientos de lutitas y arenas compactas a través de la peligrosa técnica de fractura hidráulica. Actividad que comenzó a realizarse, al menos, desde 2006 en el país y para la cual se le otorgaron áreas a Pemex como parte de la Ronda Cero y se tiene contemplada la licitación de áreas adicionales en el futuro cercano”, explican.
EN MANOS DE EXTRANJEROS
México tiene un gran tesoro en su subsuelo, sin embargo, la regulación es a veces laxa, por lo que se cometen abusos.
“Respecto a la minería, se trata de un sector que tradicionalmente ha sido escasamente regulado y en el cual la participación pública ha sido marginal, pues el sector está principalmente en manos de empresas privadas extranjeras y, minoritariamente, nacionales”, revela el reporte de Fundar.
“La Ley Minera vigente en la actualidad, que data de 1992 y ha sufrido pocos cambios desde entonces, establece también que esta actividad es de utilidad pública. Además, le otorga carácter preferente sobre cualquier otra, como la agricultura, el turismo, la ganadería, la pesca, otras actividades industriales e, incluso, los usos que del territorio realicen las comunidades indígenas y campesinas de acuerdo con sus costumbres y cultura, violentando sus derechos. También las Áreas Naturales Protegidas son puestas en un segundo plano y la minería tiene acceso preferente al agua en las zonas donde operan los proyectos mineros.
“Pese a que México destaca tanto en la extracción de hidrocarburos como de minerales, la influencia de cada actividad en la economía y en las finanzas públicas dista de manera sustancial. Los ingresos del petróleo han representado en las últimas décadas y hasta 2014, alrededor de un tercio de los ingresos totales del sector público presupuestario. Aunque esto ha cambiado debido a la caída del precio internacional del crudo y de la plataforma de producción de Pemex hasta situarse en 16 % en 2016, sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto público”.
“En cambio, la contribución de la minería es ínfima y en 2016, pese a la inclusión de nuevos derechos que gravan esta actividad en la Reforma Hacendaria de 2013, significó 0.32 % de los ingresos del Gobierno Federal y 0.24 % de los del sector público presupuestario.
PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE PLATA
“México se sitúa como el mayor productor mundial de plata y es uno de los diez principales países del mundo productores de oro, cobre, plomo y zinc. Esta producción ha aumentado de manera importante en los últimos años, así como el valor de la misma, que en 2012 llegó a su pico y superó los 250 mil millones de pesos. Aunque desde entonces este valor ha disminuido, en 2015 se situaba aún por encima de los 200 mil millones”.
¿Y QUIÉN SE LLEVA EL DINERO?
El dinero que genera la industria extractiva tampoco es manejado con transparencia. A pesar de que parte de ese dinero se debe destinar a las poblaciones afectadas, no hay reglas claras sobre su aplicación.
“En cuanto a los recursos procedentes de la explotación de gas, petróleo y minerales que son dirigidos a las regiones donde estas actividades tienen lugar, recientemente se crearon dos fondos específicos, tanto en materia minera como de hidrocarburos. Con la Reforma Hacendaria de 2013 se creó el Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable y con la legislación secundaria de la Reforma Energética, en 2014 fue creado el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEMPH). Desde entonces, el fondo minero ha recibido 4,282.5 millones de pesos para los años 2014 y 2015 y el FEMPH 7,480.7 millones en 2015 y 2016.
“Sin embargo, en ambos casos hay aún muchas preguntas abiertas sobre el impacto que estos fondos tienen a nivel local, cómo se están tomando las decisiones para usar los recursos, si los proyectos están siendo realmente realizados o si responden a los fines para los que los fondos fueron creados de atender las afectaciones sociales y ecológicas que generan estas actividades.
Añaden que existe preocupación de que estos recursos puedan ser utilizados de manera incorrecta y lleven a generar dinámicas que promuevan la criminalización de las y los defensores del territorio frente a la alta conflictividad que generan estas actividades, en un contexto en el cual se crearon leyes y cuerpos de seguridad que buscan proteger las inversiones de cualquier actor que pueda afectarlas, como la Gendarmería Nacional.
IMPACTO Y DAÑO ECOLÓGICO
Las afectaciones de la industria extractiva tienen alcances además de económicos, también ambientales, de salud y culturales.
“Este no es un tema menor dado que la extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a alimentos saludables, y hasta su identidad cultural y su supervivencia en el caso de los pueblos indígenas y campesinos. Afectaciones que también llegan a la sociedad en general, a través de la contaminación de fuentes de agua, de zonas de producción de alimentos y de la atmósfera, de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y de la pérdida de biodiversidad y el daño de los ecosistemas y los territorios, por poner algunos ejemplos”, revela Fundar.
Esta situación, añaden, se agrava aún más con el impulso de tecnologías altamente dañinas, como la fractura hidráulica y la minería a cielo abierto, así como ante el alarmante aumento de la temperatura del planeta, cuyos efectos se están ya sufriendo en México, con la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías y escasez de agua, desplazamiento de poblaciones e, incluso, pérdida de vidas humanas.
