Los comunarios tomaron la drástica decisión, además del bloqueo de las vías de acceso, demandando el mejoramiento de caminos, entubado de ductos y la implementación del Proyecto de Electrificación Fase 5.

Irónicamente, en su primer intento por acercarse a la zona a negociar, el equipo de la Gobernación cochabambina y de la empresa de agua, Semapa, no llegó a su destino, precisamente porque el camino estaba bloqueado.

En el caso de Quillacollo, los habitantes de El Paso, uno de los distritos de ese municipio, se declararon en estado de emergencia ante la negativa de Cercado de transferir la administración de los pozos de agua que  abastecen a la zona Sur, y amenazaron con generar una “segunda Guerra del Agua” si hasta este viernes no atienden su demanda. Comenzaron pidiendo la administración de tres pozos, hoy son 18 los que piden.

La represa de Escalerani, ubicada al norte del Parque Tunari, en el municipio de Tiquipaya, suministra agua a las zonas Norte, Central, Este y Oeste de Cercado, la ciudad capital del departamento; la zona Sur, por su parte, recibe el agua de los pozos profundos de Quillacollo. Así, los habitantes de la ciudad son literalmente rehenes de las comunidades circundantes, cuyas demandas no son, en absoluto, culpa de quienes hoy padecen racionamiento del vital líquido.

Se tiene, así, una nueva muestra de cuán devaluada está la noción del bien común, pues como éste, los casos en que las demandas sociales, de poblaciones específicas, se manifiestan con medidas de presión que castigan a otras poblaciones que, por lo general, nada tienen que ver con el conflicto. Podrá decirse que siempre ha sido así, y en efecto, los bloqueos y las marchas sirven para hacer visible el descontento popular y la capacidad de movilización de quienes protestan, así como su número, pero, por una parte, las medidas de presión en sí rara vez afectan de manera directa a los tomadores de decisiones involucrados en el conflicto. Por la otra, el hecho de que sean parte de una ‘tradición’ no hace a estas movilizaciones más tolerables, sino todo lo contrario.

Urge, en este caso, que las autoridades departamentales, municipales y de la empresa de agua en Cochabamba resuelvan los conflictos sin más dilación, pues sería ingenuo pedir a los movilizados que desistan de su actitud. No se trata de un asunto de generar o conservar popularidad, sino de garantizar el derecho constitucional al agua que tiene toda la población cochabambina.