Elizabeth Peredo, directora de la Fundación Solón recordó que a iniciativa de su país, este derecho fue aprobado en julio pasado con el voto de 122 Estados a favor y 41 abstenciones.

Asimismo, destacó que otro de los logros obtenidos durante el Gobierno de Evo Morales fue la solicitud formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) de retirar el precioso líquido de las negociaciones.

Peredo resaltó que Bolivia declaró en su Constitución el agua y el saneamiento básico como un derecho para la vida sin posibilidades de ser objeto de concesión o privatización.

También dentro del texto se observó su gestión social y los usos y costumbres de las comunidades indígenas en esta acción, lo cual constituye un reconocimiento a la diversidad, declaró.

La funcionaria indicó además que una de las prioridades en el tema es la ampliación de las redes de purificación del agua.

En este sentido resaltó la reciente inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puchukollo, en El Alto (oeste).

Bolivia guarda una rica historia de movimientos en defensa de sus recursos naturales.

El país suramericano se destaca por la fuerte ofensiva en amparo del preciado líquido con un inicio marcado en la conocida Guerra del Agua protagonizada en 2000 en la ciudad de Cochabamba (centro), la expulsión de Suez en 2003, entre otras acciones populares efectivas.