En el Diario Oficial de la Federación se publicó que los labriegos recibirían 21 mil pesos por cada hectárea que dejaran de regar, pero sólo recibieron 14 mil, y a algunos no les pagaron debido a trabas burocráticas.

Los afectados, encabezados por la defensora de derechos humanos Rebeca Ramírez de Orihuela, y Adolfo Guajardo López, presidente del Comité de Defensa Movimiento Campesino de Anáhuac, explicaron que el doble despojo es resultado del Programa de Adecuación del Uso de Agua, que la Conagua aplicó para optimizar el uso del recurso en el distrito de riego 4 de la presa Don Martín, en el periodo 2011-2012.

Adelantaron que más de 200 colonos y ejidatarios interpondrán un amparo contra la cesión de derechos porque no se cumplió lo ofrecido y publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2012; además, en las asambleas en que se acordó la medida no hubo notario ni se aclararon las condiciones de pago.

Debido a que el agua recorre 100 kilómetros para llegar a las tierras de cultivo, los derechos de irrigación de los módulos 6 y 7, los más alejados, se cancelaron para favorecer a propietarios de tierras más cercanas a la presa, las cuales son de caciques que acaparan apoyos federales y estatales, entre los cuales señalaron al ex alcalde de Anáhuac y actual presidente de la Sociedad de Regantes, Jesús González, y Manuel Pérez Guel, ex líder de la misma agrupación.

Los campesinos sostuvieron que el alcalde de Anáhuac, Desiderio Urteaga Ortegón, otro de los beneficiarios, se negó a apoyar su reclamo.

Agregaron que Óscar Gutiérrez Santana, director del organismo de cuenca del río Bravo; Ernesto Romero, director de Infraestructura Hidroagrícola, y Carlos Torres, jefe del distrito de riego 4, al igual que a los presidentes de los siete módulos de riego en la zona, se quedaron con el dinero de las compensaciones.

Recordaron que funcionarios de la Conagua, así como líderes de los módulos 6 y 7, les dijeron que su única opción era aceptar 21 mil pesos por cada hectárea afectada por la cesión voluntaria que en realidad fue obligatoria, pues cortaron los canales, y aunque sólo cedimos el agua para uso agrícola, también nos quedamos sin líquido para uso ganadero.

En cambio, dijeron, hay quienes recibieron la compensación y siguen utilizando agua.

 

---

16 de enero de 2013
Fuente: La Jornada