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Cañadas busca frenar El Zapotillo con controversia constitucional

26 julio 2012

25 de julio de 2012
Fuente: La Jornada Jalisco 
Nota de Alejandro Velazco

La controversia fue interpuesta por emitir la orden de edificar la presa El Zapotillo sin haber obtenido licencia del municipio. Foto Hé?ctor Jes?ús Hern?ández

Alejandro Velazco.- El ayuntamiento de Cañadas de Obregón interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), registrada con el folio 040391, en contra de los actos del presidente Felipe Calderón; del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada; del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege, y del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por emitir la orden de edificar la presa El Zapotillo sin haber obtenido licencia del municipio.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo detalló que con la decisión de las autoridades involucradas en construir la presa se viola la autonomía municipal establecida en el artículo 115 constitucional en lo que respecta a la facultad de autorizar el uso de suelo en su territorio, así como la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Por este motivo se pide la suspensión de la obra y su declaración de invalidez.

La controversia ante la SCJN fue firmada por el alcalde de Cañadas de Obregón, Carlos González Padilla y la síndico municipal, Estela Contreras Jáuregui.

La organización también dio a conocer que a finales de junio se presentó una nueva queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones al derecho a la información sobre los impactos de El Zapotillo, a una evaluación integral del impacto ambiental y el derecho a participar y ser consultados.

Paralelamente, señalaron los activistas del comité, la construcción de la presa viola los derechos a la integridad personal, a la propiedad, a una vivienda adecuada, a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el derecho de mujeres, niños y niñas de protección especial del Estado, derechos culturales a preservar y defender el patrimonio cultural.

También denunciaron que el gobierno de Jalisco “continúa con su estrategia de hostigamiento hacia Temacapulín, toda vez que persiste la negativa de negociar, vender o reubicar bienes a diferencia de lo que tanto han ostentado directivos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) cuando aseguran que la mayoría de la gente la reubicó”.

Detallaron que María Irene Sánchez Lomelí así como los hermanos Jesús y Óscar Alcaraz Martínez fueron citados ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, “porque han iniciado procedimientos de expropiación, para que comparezcan y, como en los anteriores nueve casos, hacerles un ofrecimiento económico”.

“Nos oponemos a dichas expropiaciones porque se violan nuestros derechos antes mencionados y porque el plan de reubicación ha sido declarado nulo por los tribunales de justicia, tanto de Jalisco como de la federación”, detallaron los habitantes de Temacapulín.