Incapaz de mantener un ritmo de inversión en infraestructura que le permita responder a la creciente demanda de agua potable y enfrentar los problemas ecológicos por la falta de saneamiento, el Gobierno del Estado se ‘enganchó’ a los esquemas que admiten la participación privada en los servicios públicos y cuya recuperación compromete las cuotas de los usuarios juarenses, por periodos de diez a doce años.

Así, por medio de los organismos operadores de agua y descentralizados de la esfera estatal, la Junta Municipal (JMAS) y la Junta Central (JCAS), puso en funcionamiento desde el año 2000 las plantas de tratamiento Norte y Sur, construye ahora el Acueducto Conejos-Médanos, y planea ya una tercera planta y la ampliación de las existentes.

Argumentando imposibilidad presupuestal para hacer fuertes inversiones, recurre al financiamiento privado, concesiona la operación y mantenimiento de las obras y paga con los recursos de los usuarios por cada metro cúbico que se le entrega ya tratado o que se extraerá del subsuelo para ser integrado a la red de agua potable.

En el caso de las plantas de tratamiento, la concesionaria Degrémont del Grupo Suez, empresa de origen francés, recibe mensualmente hasta 10 millones de pesos que paga la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para cumplir con el contrato que maneja el esquema internacionalmente promovido por la banca de desarrollo: Construir, Operar y Transferir (BOT, por sus siglas en inglés).

Y a partir de que entre en operaciones el acueducto Conejos Médanos, en julio del 2009, la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Helú, se llevará un promedio de 7 millones 850 mil pesos cada mes, durante diez años, como contraprestación por la construcción, operación, mantenimiento y conservación de esa infraestructura.

Presente en más de 70 países, de acuerdo al sitio web de la empresa, Degrémont ha construido plantas de tratamiento desde los años cincuentas, y en México opera por lo menos en Culiacán, Puebla y San Luis Potosí, además de Ciudad Juárez.

La concesión a Degrémont se entregó en Juárez por un periodo de 12 años, al final del cual las plantas podrán pasar al control y operación de la JMAS.

La Planta Norte se ubica a unos metros del Bulevar Juan Pablo II, a la altura de Francisco Villarreal, en lo que aún se denomina Zona de Integración Ecológica, mientras que la Planta Sur se localiza cerca de la carretera Juárez Porvenir (al lado norte de la vialidad), pasando el cruce del Bulevar Independencia.

Para hacer frente al contrato con la empresa, desde el año 2000, la Junta Municipal cobra a los juarenses una tarifa de saneamiento que actualmente representa casi una tercera parte del recibo que cada mes debe pagar el usuario residencial y que incluye además los conceptos de agua y drenaje.

Ni los usuarios han dejado de pagar a la JMAS, ni ésta ha dejado de cumplir con la empresa, por lo que en ocho años de operación de las plantas de tratamiento, Degrémont ha recibido unos 768 millones de pesos si se toma como base un promedio de 8 millones entregados cada mes, cifra que según el presidente de la descentralizada, Ernesto Mendoza Viveros, se puede considerar como promedio, aunque en algunos meses alcance hasta los 10 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo a la ficha técnica que del proyecto presenta la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), en su página de internet, Degrémont México invirtió en la construcción de las plantas únicamente 5 millones 657 mil 057 dólares, de un total de 22 millones 628 mil 200 dólares que se presupuestaron para los dos edificios y su equipamiento. De esta forma, la empresa privada aportó el 25 por ciento del valor de las PTAR’s.

La certificación de COCEF alcanzó los 31 millones 490 mil dólares, pero el proyecto global incluyó varias obras complementarias de saneamiento, como la instalación de una red de más de 50 kilómetros de colectores, reposición de tuberías y rehabilitación de las redes municipales de alcantarillado, proyectos que se ejecutaron desde el 30 de septiembre de 1997 hasta el 30 de abril de 2001.

En 1996, cuando se hicieron las primeras corridas financieras para el proyecto certificado en septiembre de 1997, los 5 millones 657 mil 057 dólares de Degrémont equivalían a 44 millones 690 mil 750 pesos.

Para el 2012, cuando termine el periodo de operación de la concesión, la empresa habrá recibido cerca de mil 152  millones de pesos, si se toma en cuenta el promedio de 8 millones de pesos mensuales.

El Diario buscó obtener el contrato firmado entre los organismos operadores y Degrémont para revisar la corridas financieras, pero a nivel local el presidente de la JMAS aseguró que lo tenía la Junta Central en Chihuahua, quien encabezó las negociaciones con el apoyo del Gobierno del Estado. En la Junta Central, la presidencia remitió a la Oficina de Comunicación Social para proporcionar la información, cuyo titular, Juan Ledesma aseguró que en ninguno de los departamentos ni en la Unidad de Transparencia, pudo obtenerla “quizás porque el contrato es de hace muchos años”.

Ernesto Mendoza Viveros, el titular de la JMAS, dice que para completar la estructura financiera del proyecto se requirió de un crédito de 4 millones 640 mil 474 dólares, ya que los esquemas para obtener financiamientos a fondo perdido (no recuperables) obligan a que un crédito sea solicitado por el organismo promotor (en este caso la propia Junta Municipal) al  Banco de Desarrollo para América del Norte (BDAN).

Así se pudieron obtener subsidios del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) por 12 millones 183 mil 868 dólares y otros 7 millones 479 mil 012 dólares del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) y de la Comisión Nacional del Agua, según los reportes elaborados por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).

Al total por 31 millones 490 mil dólares, se sumaron otro millón 529 mil 589 dólares, aportados directamente por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y 549 mil 735 dólares que, para asistencia técnica, invirtieron el BDAN y la COCEF, el binomio creado bajo los auspicios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para atender problemas ecológicos en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos.

Daniel Chacón Anaya gerente general de COCEF, el organismo binacional  que atiende proyectos en toda la frontera México Estados Unidos, considera que para decir si hubo o no un contrato justo en el caso de las plantas de tratamiento, habría que revisar las corridas financieras y cómo se están haciendo los reembolsos para la recuperación de la inversión.

“Ahorita no tengo los números en la cabeza y no podría decir si ahí fue un trato equitativo pero se vale revisarlo, ver en qué condiciones se dio y tomar esas experiencias para en todo caso si hubiera habido algún error o alguna acción equivocada, no repetirlas”, señala.

Chacón Anaya explica que todo mundo tiene derecho, particularmente los empresarios, a lograr una rentabilidad justa por sus inversiones pero siempre la renta tiene que ser proporcional al esfuerzo.

“Si hay un esfuerzo de cierto tamaño- explica- la rentabilidad tiene que ser proporcional a ese esfuerzo. No puede haber grandes utilidades cuando el esfuerzo es pequeño”.

De acuerdo con el funcionario que tiene ya una larga carrera como ambientalista, todo proyecto que implique la implementación de estos nuevos esquemas de participación privada, debe ser sujeto al escrutinio público y a la transparencia “para que se disipen esas sospechas de las que siempre hemos sido víctimas en México”.

“Todo cuesta”— El presidente de la JMAS explica que para acceder a los recursos de fondo perdido, tuvo que existir la aportación directa de los gobiernos y la demostración de solvencia del organismo operador para pagar la parte que le corresponde (fundamentalmente lo que la empresa privada invirtió), además de cubrir la operación y el mantenimiento del sistema.

“Eso es lo que a veces nos hace ruido en el sentido de que son erogaciones importantes, pero bueno, se está pagando también un proceso que de cualquier manera  si lo hacen ellos o nosotros va a costar”, considera Ernesto Mendoza Viveros.

Para nosotros –asegura- como organismo operador no hay opción: o le entramos en esas condiciones o nos esperamos a tener todo el dinero para hacer todo el sistema, lo cual es muy difícil porque son fuertes.

Agrega que aún construyendo las plantas por cuenta propia para no pagar la T1 o amortización de la inversión a la empresa, se debe pagar siempre un costo de operación y producción “independientemente de que lo haga o no una empresa particular”.

“Ahorita ha funcionado y a lo mejor dice uno: si la ciudad hubiera tenido el dinero no hubiéramos recurrido a eso y quizás nos hubiéramos ahorrado unos centavos o quizás no, pero el hecho es que no tendríamos el servicio desde la fecha en que se está dando”, expresa.

Se pagan tres tarifas— El funcionario explica que conforme al contrato de concesión con Degrémont, por cada una de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR’s) se paga una contraprestación que se integra por tres conceptos distintos.

El primer componente (la llamada Tarifa 1 o T1) se refiere al pago de la construcción de las plantas a saldarse en 12 años de concesión (a la fecha faltan cuatro años) con los intereses y corridas financieras pactadas.

Otra parte, la T2, se refiere al pago por el mantenimiento de toda la infraestructura, lo que permitirá que al final de los 12 años, las instalaciones estén operando como el primer día de la concesión.

El último componente, la T3, se refiere al pago por el agua tratada y se fija en base a cada metro cúbico entregado, tomando en cuenta la calidad del agua residual que fue recibida y los químicos que por su característica debieron usarse.

Teniendo como ejemplo el reporte del mes de febrero de 2008, por la construcción de la Planta Norte se pagaron 2 millones 226 mil 530.46 pesos y un millón 461 mil 634.89 por la Planta Sur, para dar un total de 3 millones 688 mil 165.35 pesos.

Por el mantenimiento, en febrero la JMAS pagó un total de 4 millones 173 mil 111.35 pesos, de los cuales, 2 millones 499 mil 057.20 correspondieron a la Planta Norte y un millón 674 mil 054.15 a la Planta Sur.

Por la limpieza de las aguas negras, el pago total fue de 2 millones 822 mil 008.27 pesos, correspondiendo a la Planta Norte un millón 680 mil 277.27 y un millón 141 mil 731 mil pesos por la Planta Sur.

Aunque cada mes puede presentar algunas variaciones por el caudal, el tiempo de operación real de la planta y la calidad del agua que se recibe, en el ejemplo de febrero, sumando los tres componentes de la tarifa, se tiene un total de 10 millones 683 mil 284.97 pesos que fueron entregados a  Degrémont. El promedio, según Mendoza Viveros, es de  8 a 9 millones de pesos.

Los juarenses pagan caro por un tratamiento que cubre entre el 62 y el 70 por ciento de las aguas residuales que genera la ciudad y que por ser apenas primario, no permite que sean reusadas en la mancha urbana y entren en contacto con el hombre, por su alta cantidad de sólidos contaminantes, grasas, ácidos y metales pesados.

En el tratamiento primario, por medio de procesos físico-químicos las plantas sedimentan y retiran materia orgánica, basura, grasas y arenas por lo que la calidad del agua alcanza apenas para el riego de forrajes y algodón.

Entre las dos plantas someten a tratamiento 2 mil 600 litros por segundo, pero el caudal no puede reusarse en riego de parques o procesos industriales dentro de la ciudad. Finalmente, el saneamiento que pagan los juarenses es aprovechado por los agricultores de El Valle que utilizan esas aguas en el riego de sus parcelas.

“No ha fallado la empresa”— Ernesto Mendoza Viveros tiene un año al frente de la JMAS y asegura que durante ese tiempo no ha enfrentado problema fuertes con la empresa operadora de las dos plantas de tratamiento.

“Por lo que se ha apreciado por parte de la empresa sí hay capacidad y hay profesionalismo y cuando nosotros vemos algo en que no estamos de acuerdo con ellos, generalmente la empresa ha aceptado nuestro criterio”, señala el funcionario.

Dice que la relación es compleja porque prácticamente se tienen que estar confrontando los sistemas de medición que tiene Degrémont y los propios de la JMAS, considerando un número elevado de variables.

“Tenemos una báscula nosotros, otra ellos para saber cuántos químicos ponen; tenemos un sistema para medir el agua que entra y el agua que sale ya tratada y los dos hacemos también el análisis químico, lo que llamamos caracterización del agua que entra y que sale”, explica.

En ese proceso, agrega, es lógico que en muchas ocasiones no se coincida, pero considera que “en ese jaloneo nunca hemos tenido problema” y “no se ha dado el caso de que nosotros nos hallamos equivocado y ellos nos hayan dicho aquí está la prueba”.

Por parte de Degrémont, Fernando Lares Rodríguez, gerente operativo de las dos plantas de tratamiento, asegura que hasta la fecha, la JMAS ha sido un “buen cliente”.

Aunque dice no estar facultado para manejar la información financiera, indica que “se ha pagado de acuerdo con los contratos y no ha habido problema en ese aspecto”.
“Existe un contrato que se ha cumplido, también respecto a las condiciones del agua por lo que no ha existido algún problema grave”, expresa.