Giovanni Velázquez, quien forma parte de los grupos solidarios con la tribu yaqui, consideró que la tardanza en hacer cumplir la normatividad pudiera ser indicativo de discriminación hacia el pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho pueblos de la tribu yaqui.

 

El equipo jurídico del Cemda indicó: Tal parece que la ley no vale para todos. La Profepa debe actuar pues ya han pasado 10 días y el gobierno del estado de Sonora está operando el acueducto sin autorización de impacto ambiental.

 

El Cemda agregó que la Semarnat, mediante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, envió un telegrama al juez décimo de distrito en Sonora en el que le informó sobre dicha actuación y por lo tanto lo que procede es que la Profepa con base en la ley suspenda la construcción y operación del acueducto y se lleve a cabo la consulta al pueblo yaqui, en estricto apego a las leyes mexicanas y a los tratados internacionales que México ha suscrito.

 

Velázquez y el Cemda recordaron que el 15 de agosto pasado los afectados presentaron una denuncia ante la Profepa e indicaron que está quitando agua en forma ilegal, en clara violación a los derechos del pueblo yaqui.

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26 de agosto de 2013
Fuente:  Dossier Político