Productores de Namiquipa, Buenaventura y Ahumada expusieron ayer la crítica situación en la zona por la sobreexplotación de acuíferos. Foto: Jesús Sotelo/El Heraldo de Chihuahua.

Chihuahua, Chihuahua.- Un ultimátum para que la autoridad frene la sobreexplotación de los recursos hídricos en la entidad puso en movimiento a productores agropecuarios que se manifestaron ayer frente al Congreso del Estado, convocando a un diálogo interinstitucional para que se atienda a la brevedad una sequía que se convierte en motivo para la aparición de confl ictos sociales para la zona rural de Chihuahua.

A consecuencia de que la producción agrícola se desplomó un 70% en las tierras de cultivo de municipios como Namiquipa, Buenaventura y Ahumada, los inconformes manifestaron como impostergable que los tres niveles de gobierno cumplan con las acciones que se pactaron meses atrás para afrontar situaciones como la emergencia alimentaria y el desabasto de agua potable que ahora sufre la población.

“Han pasado siete meses desde las movilizaciones que nos trajeron ante la legislatura y solamente vemos la ausencia de los apoyos prometidos para la atención de los problemas del campo”, manifestaron los representantes de un centenar de campesinos que solicitaron empezar por combatir la ilegalidad que se encuentra tras la explotación irregular de los recursos hídricos.

Además de las pérdidas de los cultivos en la zona de temporal, los productores agropecuarios señalaron que el hato ganadero se redujo de manera significativa en el último año a consecuencia de que los agostaderos se convirtieron en zonas desérticas en las que resulta imposible la crianza de ganado vacuno. De ahí que reclamaran una solución urgente para problemáticas como la perforación de pozos ilegales en las márgenes del río del Carmen, a pesar de que en noviembre de 1955 la Federación decretó la veda para el otorgamiento de concesiones de agua en torno al caudal.

“Enfrentamos la extracción ilegal de aguas superficiales que realizan los productores que pertenecen a la comunidad, así como el crecimiento desmedido y presumiblemente ilegal de nuevas tierras agrícolas en los últimos años que utilizan agua de los acuíferos violando la Ley de Aguas Nacionales”, manifestó el productor Martín Solís, líder de El Barzón.

Dijo que su aprovechamiento irracional e ilegal por los menonitas afecta la dotación de agua del río, disminuye la recarga de los acuíferos y el almacenamiento de la presa Las Lajas, encareciendo la extracción al tener que bombearla de mayor profundidad. Increpó que ante la omisión de la autoridad se hayan secado los pozos ganaderos y abatido los pozos de agua potable, lo que pone en riesgo el patrimonio de las familias que viven en la zona rural.

“Vemos con indignación cómo se ha incrementado la superficie de riego en campos menonitas, sin importarles los daños al medio ambiente por la extracción del agua. Han pasado a la ilegalidad en la perforación de pozos en los acuíferos que tienen veda o no tienen disponibilidad de agua”, comentó. Aseveró que por el lado de los ejidos y colonias agrícolas no hay apoyos federales para modernizar las unidades productivas, razón por la que también se tiene una pérdida importante del agua que se conduce a través de canales de tierra, lo que equivale a un 50% de desperdicio.

En su pliego petitorio solicitaron convocar a las delegaciones federales de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua.

El objetivo es que se implemente un programa de acción interinstitucional para frenar la sobreexplotación de los acuíferos y se convoque de manera urgente a una reunión de trabajo a fi n de realizar un recorrido aéreo y terrestre para evidenciar las irregularidades que se han cometido en el territorio estatal.

Esto último para ubicar todos los aprovechamientos irregulares de agua superficial de la cuenca y la verificación de los pozos agrícolas sin concesión para cancelarlos, así como el ordenamiento en la extracción de agua de los que si cuentan con sus títulos. Iniciar procedimientos administrativos para sancionar la apertura de tierras al cultivo sin cambio de uso de suelo, la cancelación de suministro de energía eléctrica a pozos irregulares y la reorientación de los subsidios para la tecnificación de riego a los usuarios históricos de agua en la cuenca.