Coinciden operadores de agua en autonomía para fijar tarifas

05 noviembre 2010

Proponen implementar comités de participación ciudadana. Se debe evitar la politización y centrarse en aspectos técnicos, señalan

4 de noviembre de 2010
Fuente: La Jornada Jalisco
Por Juan Carlos G. Partida

Los titulares de los tres organismos operadores de agua más importantes en Jalisco, la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal) de Puerto Vallarta, coincidieron durante el Segundo taller de modelo de agua Jalisco sobre la urgente necesidad de terminar la facultad del Congreso del Estado para imponer las tarifas de agua potable en la entidad, buscando así lograr que se garantice la viabilidad del servicio privilegiando los criterios técnicos sobre los políticos.

César Coll Carabias, director de la CEA, recordó que en los foros de agosto pasado sobre el modelo de agua para Jalisco, quedó muy clara la problemática que enfrentan los sistemas de agua para generar ingresos suficientes y así lograr servicios de calidad, pese a que la propia ley en la materia señala que las tarifas deben ser suficientes para su operación y mantenimiento, lo que ha generado servicios deficientes.

La propuesta de su dependencia, afirmó, es que se evite la politización en esta materia mediante la implementación de comités con participación ciudadana que formen parte de los organismos operadores descentralizados y que sean los encargados de autorizar las tarifas.

Para Coll, Jalisco deberá dejar de pertenecer al grupo de los diez estados –incluido el Distrito Federal– del país que aún requieren por ley la aprobación de los congresos locales para las tarifas por la prestación de los servicios de agua potable.

“En Jalisco las tarifas por la prestación de los servicios son aprobados por el Congreso local, que de manera general se ha negado a autorizar incrementos tarifarios por arriba del índice nacional de precios al consumidor, lo cual se deriva de una posición política que responde a intereses ajenos a las necesidades de tipo técnico, económico y social de los sistemas y poblaciones, y a la falta de capacidad humana de las estructuras especializadas del Congreso que, además de revisar las propuestas tarifarias de los servicios de agua, tienen que dar respuesta, en un muy breve periodo de tiempo, a los demás servicios que forman parte de las leyes de ingresos municipales”, dijo.

En su turno, el director del Seapal, Humberto Muñoz Vargas, presumió los excelentes niveles de cobertura, potabilización, saneamiento y facturación que tiene el organismo vallartense, lo que ha logrado que en los 19 años recientes se hayan obtenido certificados de calidad de agua potable apta para consumo humano, además de ser en los hechos el mejor organismo a nivel estatal y uno de los mejores del país.

Sin embargo alertó que la intervención del Congreso en la definición de las tarifas podría hacer que este organismo ejemplar comience a tener problemas, pues no se ha logrado hacer realidad un proyecto para cobrar más a quien consuma más, subsidiando hasta al 96 por ciento del total de usuarios domésticos, una “distorsión en la tarifa que alienta el mal uso de este vital recurso”.

Calculó que esta situación ha representado una pérdida de ingresos para el Seapal por el orden de 15.5 millones de pesos, cantidad que representa el nueve por ciento de los ingresos que se cobra por los servicios.

José Luis Hernández Amaya, director del SIAPA, recordó los graves problemas económicos que vive el sistema que surte a la capital del país y sus municipios conurbados, con una deuda superior a los dos mil 500 millones de pesos y un déficit de 29 por ciento entre los incrementos reales inflacionarios y los aumentos autorizados en los últimos seis años.

Su posición fue similar a la de la CEA, crear un consejo consultivo tarifario ciudadano, que tenga la facultad de autorizar las tarifas. Dijo que el programa de austeridad está dando resultados, tanto en la nómina como en la operación del sistema, pero lo ideal es intentar una paulatina estabilidad en la recaudación para evitar “el riesgo hoy latente de que el sistema se colapse” lo que pondría en peligro el atender con suficiencia la dotación del líquido a la población.