Colombia: Ojo con la represa

29 abril 2011

29 de abril de 2011

Es justo el reclamo de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes manifiestan sentirse seriamente amenazados por los megaproyectos, que se ejecutan sin consulta previa, ignorando el criterio que tienen las comunidades para opinar y decidir sobre el futuro de la tierra.

Nadie ni los mismos indígenas se oponen al desarrollo. Lo que se discute es que cada uno de los proyectos vaya en plena consonancia con las aprobaciones de las comunidades que habitan en el territorio objeto de las obras.

Siempre las entidades del Estado apoyan la opinión de las empresas interesadas en los megaproyectos, alegando que se han hecho las consultas previas, establecidas por la Constitución de Colombia, pero el tiempo y los órganos de justicia han demostrado lo contrario, en casos específicos como Puerto Brisa, en donde quedó demostrado hasta la saciedad que no hubo consulta, simplemente se tomaron los listados de reuniones informativas en donde los asistentes firmaron, pero no se cumplió con el rigor establecido por este mecanismo de consulta a las comunidades que van a ser afectadas con la ejecución de las obras.

Puerto Brisa ha sido paralizado, sin que se pueda asegurar que el proyecto será cancelado, simplemente debe ajustarse al requisito de ley, aplicando la consulta previa, para que las comunidades asentadas en la zona puedan entregar su opinión acerca de las afectaciones que la obra pueda causar en la región.

En el caso de la represa El Cercado del proyecto del río Ranchería, los wiwas y el resto de comunidades indígenas están denunciando que no hubo consulta previa. Reconocen que se hicieron reuniones, pero que nunca se tuvieron en cuenta los argumentos de los mamos y el resto de las comunidades que ancestralmente ocupan ese territorio.

Hoy los aborígenes argumentan que la represa no cumplió con criterios técnicos, hasta el punto de estar causando serias situaciones ambientales y generar la aparición de enfermedades tropicales, dejando muertos en poblaciones como Caracolí, donde epidemias de dengue amenazan a nativos y visitantes, tal como ha ocurrido con militares que prestan servicios de control y vigilancia en la región y han muerto al contraer la enfermedad a causa de la picadura de mosquitos, que nacen en las aguas estancadas y contaminadas de la represa del Ranchería.

Creemos que Incoder, como representante legal del Estado en ese proyecto, no está mirando el problema con seriedad, desviando los reclamos a soluciones triviales que realmente no se ajustan a los verdaderos requerimientos de la comunidad.

Es necesario pensar la forma de evacuar los 198 millones de metros cúbicos de agua contaminada por la biomasa, para evitar un problema mayor, especialmente cuando se anuncia una temporada invernal que podría reventar las compuertas de la represa El Cercado.

Hay que tomar medidas, más allá de llevar unas brigadas de salud a la zona o colocar una planta térmica para dar energía eléctrica a los pobladores o arreglar la carretera.

Debemos analizar el impacto que causarán las lluvias cuando sabemos que la capacidad de almacenamiento de la represa está copada.