Colombia: Tribunal de Tolima suspende 24 contratos de concesión minera en Ibagué

06 octubre 2011

Fueron otorgados por Ingeominas para explotación minera en cuenca de los ríos Combeima y Cocora.

6 de octubre de 2011

La mayoría de esos títulos mineros habían sido otorgados a Anglogold Ashanti, Continental Gold y Oro Barracuda.

La decisión fue celebrada con alborozo toda vez que el río Combeima, que nace en el Nevado del Tolima, con una producción de 1.600 litros por segundo, abastece de agua a los 500 mil habitantes que tiene Ibagué.

Junto con el Cocora conforman la cuenca del río Coello que irriga 300 mil hectáreas de producción agropecuaria y abastece, además, a otros 20 acueductos municipales del Tolima, entre ellos el de Espinal.

La medida es cautelar y había sido solicitada en una Acción Popular instaurada por Isaac Vargas Morales, Personero de Ibagué.

El propósito del funcionario es impedir la exploración y explotación minera en esa estrella hidrográfica para garantizar los derechos colectivos a la calidad de vida y la salubridad de los habitantes de Ibagué.

“La minería a gran escala afecta estos afluentes y pone en peligro la supervivencia porque esos ríos son los que suministran el agua potable a Ibagué y al 60 por ciento de la población del Tolima”, afirmó el Personero, y dijo que el otorgamiento de las concesiones contraviene la Constitución que consagra el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los recursos naturales.

Las concesiones se habían otorgaron pese a que la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) declaró años atrás el agotamiento del recurso hídrico en la cuenca del Coello generando alertas por su desabastecimiento.

La Corporación encendió las alarmas al descubrir un índice de escasez alto (0.77) y propuso la implementación de actividades de conservación en los ríos Combeima y Cocora.

El Tribunal establece que la suspensión de las concesiones mineras se mantendrá hasta tanto las empresas interesadas cuenten con la licencia ambiental que otorga Cortolima.

El Tribunal Administrativo considera que la medida es proporcional, “por cuanto no puede sacrificarse el derecho a la vida digna y a la supervivencia de la comunidad tolimense, en aras de mantener el empleo y la actividad minera productiva”.