Comité particular cobra consumo y cuotas especiales de agua en la colonia El Mirador

22 enero 2013

Uruapan, Michoacán.- Irregularidades que constituyen un productivo negocio con el agua potable se cometen en el fraccionamiento residencial El Mirador. La Junta de Agua Potable y la asociación de vecinos resultarían ser los presuntos responsables. Siendo particulares actúan como autoridades, en detrimento de las aproximadamente 500 familias que habitan ese lugar.

Estas entidades privadas cobran a la tarifa de agua que ellas imponen el agua potable, aplican sanciones, ofrecen recibos que no son fiscales y que indican que se trata de cuotas voluntarias, y violan diversas normas.

Al parecer se actúa con la complacencia del Ayuntamiento y la Comisión de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Uruapan (Capasu), que es el organismo operador de agua potable, descentralizado del Ayuntamiento, que durante los últimos años fue dirigido por el actual presidente municipal, Aldo Macías Alejandres.

Lo que ocurre ahí son cobros ilegales de agua, cortes anticonstitucionales del servicio y presiones para pagar cuotas de mantenimiento, además de gastos extras, lo que generó una demanda por la vía civil, interpuesta por un residente.

Usurpación de funciones

De esta situación que se está generando en el mencionado fraccionamiento, en donde además se viola el derecho al libre tránsito y se actúa como su fuera un estado dentro de otro, habló el abogado y residente, Ángel Alanís Alanís, quien dijo que “son múltiples las irregularidades y las arbitrariedades”.

“Se derivan del hecho de que ahí funciona una junta local municipal de agua potable que es ilegal, porque de acuerdo a la Ley de Cuencas del Estado, dichas juntas únicamente se pueden establecer en las jefaturas de tenencia y en la encargaturas del orden y el fraccionamiento El Mirador no lo es, por lo que su creación y operación está fuera de la ley”.

Acerca de porque ni siquiera el organismo operador descentralizado del Ayuntamiento corta el servicio de agua, los particulares de la supuesta Junta lo hacen, Alanís Alanís indicó que “es un mecanismo de presión para cobrar las cuotas que por mantenimiento exigen en El Mirador, por concepto de vigilancia, construcción de bardas perimetrales o las obras que ellos hacen ahí, pero utilizan el agua para ejercer ese tipo de coacción. Cortan el agua en su totalidad y no sólo la restringen al mínimo indispensable”.

Agregó que “no hay nadie que se oponga a estas determinaciones, porque el servicio del agua potable es indispensable” y reconoció que por esta situación los habitantes se han convertido en rehenes de sus propias casas.

Sin embargo Ángel Alanís optó por defenderse y reveló que “demandamos civilmente. Llevamos avanzado el juicio. Llevamos buenos resultados y una vez que tengamos una sentencia en firme en una apelación, trataremos de hacer conciencia entre los demás residentes de este fraccionamiento para que hagan valer sus derechos, porque no podemos estar sometidos al capricho de personas físicas que actúan como si fueran autoridades sin serlo”.

Puntualizó que la mencionada junta es encabezada por Rafael Sánchez Concha, quien a su vez es presidente de una asociación civil que ahí se creó y que “trabajan en forma coordinada, tanto para recaudar el pago del servicio de agua potable como la cuota de mantenimiento y te presentan una cuota global, la cual si no pagas te cortan el servicio de agua”.

Pero además del agua y la cuota de mantenimiento que amparan los recibos, que no son comprobantes fiscales, pero sí incluyen el logotipo de Capasu, la asociación cobra cuotas extras por reparaciones y obligan mediante el corte de agua a los vecinos a pagar todo gasto que presentan.

Mostrando los documentos del caso y diversas leyes vigentes en el estado, el abogado Alanís demostró que la formación de la junta local, creada en tiempos de Mary Dóddoli, estuvo viciada de origen y que sus integrantes incluso por escrito ya han sido desconocidos por la Capasu, en la época en que dirigía este organismo el actual alcalde Aldo Macías.

Supuestamente los integrantes deberían ser representantes de gobierno, pero la junta está integrada por vecinos.

Con gruesos expedientes en mano, el entrevistado denunció que lo que se está solapando es un gran negocio y recordó que cada uno de los 500 propietarios pagan un aproximado de 800 pesos al mes por agua y mantenimiento ? cuando no se cobran cuotas extras ?, siendo que por ejemplo la tarifa aprobada por la Capasu para una zona media es de poco más de mil pesos al mes y posiblemente el doble para una zona residencial.

La sentencia

Ya hubo una sentencia favorable para el agraviado quien demandó a la junta local de agua, a la asociación de vecinos, al Ayuntamiento y a la Capasu y el fallo determinó que el demandante no tiene obligación de hacer los pagos que le requieren, sino que el agua debe pagarse al organismo operador.

Sin embargo, el juez absolvió a junta local de agua, al Ayuntamiento y a la Capasu “lo que en mi opinión fue ilegal y por eso interpusimos en contra de esa sentencia el recurso de apelación que ya está en trámite en la ciudad de Morelia”.

Dijo el entrevistado que en ningún momento pretende dejar de pagar el agua potable, pero quiere pagárselo a quien le corresponde y que en este caso sería Capasu.

También expuso que demandó al Ayuntamiento “porque de acuerdo al Artículo 15 Constitucional el responsable de los servicios púbico es el gobierno local; a la Capasu, porque es el organismo operador que tiene a su cargo esta responsabilidad; a la junta local de agua de El Mirador, porque es ilegal y a la asociación de residentes, porque está haciendo negocio con los habitantes de El Mirador”.

Finalmente dijo que dado que los derechos por agua potable tienen una finalidad hacendaria específica, no se tiene que pagar el agua a particulares, dado que sería como pagarle el impuesto sobre la renta a una persona física y no a la Secretaría de Hacienda.

22 de enero de 2013
Fuente: Cambio de Michoacán
Nota de Grecia Ponce