¿Cómo garantizar el derecho humano al agua?

19 mayo 2014

Las más grandes, complejas, eficientes y estables obras hidráulicas no han sido construidas por los humanos sino por la naturaleza. Los ecosistemas, en especial los sistemas montañosos y los humedales, captan, filtran y almacenan agua; sostienen complejos ciclos naturales que satisfacen necesidades vitales, estéticas y espirituales; protegen contra desastres naturales, y ayudan a estabilizar el clima.

El manejo campesino de los recursos naturales abarca el manejo del territorio para el abasto y manejo de agua para consumo humano, para producción de alimentos de autoconsumo, para pequeña ganadería y manejo de bosques y selvas. Integra conocimientos y prácticas que favorecen la protección y restauración de los ciclos hidrológicos en las cuencas, y por lo tanto, tendría que formar parte integral de las estrategias para garantizar el derecho humano al agua.

Hoy en México, cerca de 30 por ciento del agua se capta en las cabeceras de cuencas hidrológicas, las cuales son habitadas por pueblos originarios clasificados de alta a muy alta marginación (Boege, 2008). Durante cientos y hasta miles de años, sus habitantes campesinos han desarrollado esquemas de manejo complejos que permiten un aprovechamiento diversificado de sus recursos, logrando, entre otras cosas, mantener las funciones hidrológicas de sus ecosistemas. Sobran ejemplos de sistemas hidráulicos eficientes en el mundo prehispánico, desde el concepto de Altépetl (montaña de agua) hasta las chinampas, campos elevados, chultunes, etcétera.

Para sobrevivir, desde siempre las comunidades han resuelto su abasto de agua, generalmente sin presencia activa del Estado: toman decisiones, generan acuerdos, ponen mangueras, perforan pozos, eligen semillas, crean instituciones y manejan conflictos en torno al agua.

Cierto es que en muchos casos la dotación y calidad es insuficiente, y las condiciones para acceder al agua son penosas, sobre todo para las mujeres. Pero casi siempre hay una matriz de conocimientos y prácticas adaptada a las condiciones locales sobre la cual se puede construir una estrategia para garantizar la dotación de agua para consumo humano y para la vida.

Se requiere impulsar políticas que integren la conservación y restauración de las funciones hidrológicas de los ecosistemas, sobre todo en las regiones proveedoras de agua, donde los ciudadanos sean actores plenos en la construcción del derecho humano al agua. Se requieren tecnologías de pequeña escala que ayuden a mantener el ciclo hidrológico y hacer más eficiente el manejo del vital líquido.

Múltiples experiencias muestran que el problema no es tanto de tecnología, sino de la falta de un proceso social para su generación o apropiación. Un gran número de proyectos han abandonado tecnologías “apropiadas”: baños secos, cisternas cuarteadas, etcétera. No se trata de la inserción de tecnologías, sino del involucramiento de las personas y las comunidades en la transformación de su presente y su futuro, en el cuidado de su entorno, en la creación de sus derechos.

Para que funcionen, las tecnologías tienen que ser definidas por medio de planes comunitarios y regionales integrales de desarrollo sustentable que pongan en el centro a las personas y sus necesidades fundamentales, en un ambiente donde todos cumplan con los compromisos adquiridos. Los futuros tienen que ser integrados, y sus expresiones sociales y culturales respetadas. Las propuestas tienen que ser de bajo costo, basadas en el trabajo solidario de mano de obra local, y con uso preferente de recursos renovables y localmente disponibles, sobre todo energía limpia. Los proyectos deberían aumentar la autosuficiencia comunitaria, en vez de crear o amplificar las dependencias en sistemas más allá del control local.

Podemos empezar a diseñar las obras locales que requerimos para el manejo adecuado, público y comunitario del agua en nuestros territorios. Existen las tecnologías, las metodologías y los recursos requeridos. Ahora nos toca construir la voluntad política para reorientar los grandes montos destinados a megaobras dañinas y privatizantes que romperían los finos tejidos sociales, hídricos y ambientales.

17 de mayo de 2014
Fuente: La Jornada del Campo
Nota de Catarina Illsley Granich (Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, AC (GEA) catillsley@gmail.com)