D.F: La privatización del agua a favor de trasnacionales

19 mayo 2014

Con una división de la ciudad en zonas, se otorgaron contratos de concesión a cuatro empresas, los cuales vencen el próximo año:

Proactiva Medio Ambiente SAPSA, filial en México asociada a ICA, de la trasnacional francesa Vivendi-Veolia, que opera en 77 países;
Industriales del Agua de la Ciudad de México, filial en México asociada al Grupo Peñoles, de la trasnacional Suez, empresa francesa cuyo incumplimiento y malas cuentas han provocado la remunicipalización del agua en Buenos Aires, Argentina y Montevideo y Uruguay;
Tecnologías y Servicios del Agua, también perteneciente a Suez, y
Agua de México de United Utilities, la compañía británica más poderosa de Inglaterra.

Los contratos abarcaban tanto el sistema comercial (medidores, facturación y cobro) como obras de infraestructura y el programa de sectorización. Lo anterior condujo a constantes cortes de agua domiciliaria por toda la ciudad en violación de la Ley General de Salud.

Ahora, la privatización se profundiza con Plan para el Agua de Futuro, anunciado por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) el 26 de marzo. Mediante la descentralización del Sacmex, a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se busca concesionar la instalación de medio millón de nuevos medidores, cambios en la tubería y la facturación y garantizar pagos a las trasnacionales por cada metro cúbico que recuperen de fugas de las redes primaria y secundaria.

Además, Sacmex busca dar nuevas concesiones por 15 años sin una evaluación pública de las concesiones anteriores. En varias ciudades francesas, por ejemplo, se hacen contratos de tres o cuatro años previa licitación y antes del término son los usuarios quienes evalúan y deciden si se renueva el contrato o no. Concesiones a largo plazo no sólo debilitan la posibilidad de presionar a las empresas por incumplimiento, sino que dejan al gobierno vulnerable a demandas exorbitantes en tribunales internacionales en caso de que las empresas sientan que sus utilidades esperadas pudieran ser afectadas por cambios en la normatividad, o incluso por cancelación de sus concesiones por cualquier causa.

La infraestructura hidráulica de la ciudad con base en la cual estas empresas generarían sus ganancias ha sido financiada con los impuestos, y en el caso de las colonias populares, con el trabajo y las aportaciones de los propios usuarios.

Frente a la falta de información y confiabilidad en la calidad del agua distribuida y cobrada como “potable”, los habitantes de la Ciudad de México gastan anualmente más de cuatro mil millones de pesos en la compra de agua embotellada.

Todas las tareas que se busca concesionar pueden ser manejadas eficientemente por técnicos mexicanos al servicio de sistemas públicos, sin tener que garantizar el pago de utilidades a empresas extranjeras. Podrían aprovecharse programas como el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, que ha logrado innovaciones sorprendentes en materia de control de fugas, calidad de agua y técnicas para el ahorro en el consumo. En la Ciudad de México se abre un incipiente proceso de evaluación ciudadana desde el Programa de Derechos Humanos del Gobierno del Distrito Federal, que exige una amplia evaluación de la población sobre la calidad, la disponibilidad, la accesibilidad y la no discriminación por parte de las cuatro empresas, antes de tomar decisiones en cuanto a la firma de nuevas concesiones en 2015.

Finalmente somos los usuarios los que debemos decidir. ¿Frenaremos los habitantes de la Ciudad de México la ruta desventajosa que en el resto del mundo está siendo superada?

17 de mayo de 2014
Fuente: La Jornada del Campo
Nota de Delia Montero (Profesora Investigadora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa Jaime Rello UPREZ)