Defensa del agua

04 mayo 2010

3 de mayo de 2010

Fuente: El Universal
Por Jean Meyer

Nos acaban de informar que el alza de las tarifas del agua para los consumidores privados en el Distrito Federal ha tenido como consecuencia inmediata una baja del 10% en el consumo del vital líquido. ¡Maravilloso! Esto, sí que es una buena noticia. Espero que no nos pase como a los fumadores que reducen su consumo una o dos semanas, cada vez que sube el precio de la cajetilla, pero luego vuelven a consumir la misma cantidad.

El criterio seguido por las autoridades para subir el precio del agua ha sido el más práctico, el que permitía una aplicación inmediata, a saber un criterio geográfico, más o menos por barrios, con la idea de que paguen más, los que pueden hacerlo. Eso no es totalmente justo, puesto que en un barrio rico, pueden vivir o sobrevivir gente pobre, o venida a la pobreza en el transcurso de los años. Se podría remediar fácilmente siempre y cuando la burocracia lo decidiera: examinar prontamente las solicitudes de rebaja, debidamente justificadas.

Estaremos todos de acuerdo en afirmar que el acceso al agua es un derecho esencial, pero que no es menos esencial el deber de ahorrar dicho recurso natural que no es ni gratuito, ni inagotable, contra lo que piensan millones de compatriotas mal acostumbrados por la ausencia secular de medidores y por lo increíblemente barato que se cobraba el agua hasta fechas recientes. Sé que hay ciudades y regiones que, desde unos 10 años, han cambiado radicalmente de política, para que la gente tome conciencia de que el agua de la llave, si bien vino del cielo, ha tomado luego un largo camino nada barato. Por desgracia son todavía muy numerosos los que ricos, o pobres, despilfarran el agua.

Espero que estemos también de acuerdo, no creo que todos, pero muchos, para pensar que sería bueno instaurar una tarificación social del agua. El precio unitario del kilowatt de electricidad doméstica aumenta cuando sube el consumo; es más caro para quien gasta mucho y eso equivale, a ojo de buen cubero, a una tarifa socialmente modulada. La idea es antigua, ha sido evocada muchas veces, pero merecería un gran debate público.

El agua es un bien común. ¿De acuerdo? Ya lo decía Tomás de Aquino y lo dijeron muchos siglos antes los romanos, esos grandes ingenieros del agua, con sus acueductos y redes de agua potable, con sus alcantarillas y colectores de aguas negras. Ese bien común tiene un costo, cada día más alto, por el crecimiento enorme de nuestras ciudades, por el crecimiento del consumo por persona y también porque sería inadmisible rebajar las exigencias de seguridad y salubridad. Para que aprendamos a regular de manera razonable nuestro consumo, debemos aceptar todos que se impone la instalación universal de medidores, debemos entender que hasta ahora, en ciertas ciudades, empezando por la capital, el agua ha sido prácticamente regalada. Compare usted lo que paga un estadounidense, un canadiense y cualquier europeo, a lo que pagamos y se quedará asombrado. En Francia, por ejemplo, además de ser muy caro el precio del metro cúbico, la Compañía de las Aguas le duplica a uno la factura: si usted ha consumido en un mes por mil pesos de agua, pagará dos mil, el segundo millar correspondiendo al servicio de alcantarillado… ¿Cómo ve? Resultado: uno cierra la llave, no lava la banqueta con manguera y mucho menos el coche.

Entiendo que la primera reacción del consumidor mal acostumbrado, a cualquier cambio que implique para él un costo mayor, será negativa. Sé de ciudades y pueblos en los cuales ese intento ha provocado derrotas electorales inmediatas: te castigo porque te atreviste a tocar mi bolsillo. Por lo mismo es necesaria una política nacional de buen uso y defensa del agua, que pase por una tarificación social tomando en cuenta las posibilidades reales de la gente. Se puede pensar en muchas maneras para ayudar a los más necesitados, para que nadie se quede sin agua, pero el agua no debe ser gratuita porque entonces uno piensa que no cuesta nada, que es un don de Dios y que los que pretenden cobrarla o frenar su uso son unos malvados.

Definir una política nacional del agua, del uso y de la defensa de esta riqueza natural no tan renovable como lo creemos, es un asunto urgente de seguridad nacional y de justicia social, inseparable de la defensa de la naturaleza. Por lo mismo las rivalidades partidistas son inadmisibles frente a un problema mayúsculo que rebasa todas las luchas políticas y que necesita una verdadera política. Sé que hablar de unión nacional puede parecer arcaico o ingenuo, pero no encuentro otras palabras, o tendría que hablar de deber patriótico.

jean.meyer@cide.edu

Profesor investigador del CIDE