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Denuncian mala calidad del agua en comunidad indígena

26 julio 2012

• Unos 121 pobladores de San Pedro Itzicán padecen Insuficiencia renal
• La contaminación que sufre la comunidad indígena de San Pedro Itzicán, enclavada en el municipio de Ponclitán, tiene como una de los factores principales la falta de saneamiento de aguas residuales

26 de julio de 2012
Fuente: Informador
Nota de Gonzalo Jáuregui 

La pobreza, falta de servicios médicos y omisión de autoridades, son algunos de los males que padece esta comunidad. ARCHIVO

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2012).- La contaminación que sufre la comunidad indígena de San Pedro Itzicán, enclavada en el municipio de Ponclitán, por la falta de saneamiento de aguas residuales, pobreza, falta de servicios médicos y omisión de autoridades, son algunos de los factores que la Fundación Lerma Lago de Chapala Santiago identificó como responsables de la insuficiencia renal que padecen 121 personas en una población de alrededor de cinco mil 200 habitantes.

Durante una conferencia de prensa que se ofreció en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la licenciada Agustina Rodríguez Morán, asesora de la fundación, discrepó de los informes de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en los que se señala que todas las plantas de tratamiento de aguas residuales están funcionando.

Rodríguez mostró imágenes de descargas de aguas residuales del Lago de Chapala sin previo tratamiento. Además, enfatizó que al ser un pozo de aguas termales uno de los puntos en donde la población se abastece de agua, pesca y lavan su ropa, hacen falta análisis serios que determinen si el agua consumida contiene metales pesados que dañen a los habitantes.

Señaló que la planta de tratamiento que alzada en la población fue mal planeada y “tontamente” diseñada, pues se planeó en los terrenos del Lago de Chapala cuando su nivel aún estaba por debajo de lo normal. “Cuando el nivel del lago sube, los registros del drenaje se cubren y se desbordan las aguas residuales”.

Consideró la omisión de las autoridades para tomar cartas en el asunto como una violación a los derechos humanos al no garantizarse el derecho a la salud, a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de la población, así como el derecho a tener agua de calidad.

Aunque destacó que no cuentan estudios científicos que determinen cuál es la causa que está afectando a la población, la abogada indicó que la Secretaría de Salud Jalisco no ha dado a conocer si cuenta con estudios que aclaren este panorama. Instó a la dependencia estatal a realizar investigaciones puntuales que ayuden a resarcir el problema..

En el evento estuvieron presentes habitantes de San Pedro Itzicán. Uno de ellos recordó que desde 2007 han hecho peticiones al gobierno municipal, estatal y federal, pero que no se les ha atendido.

En 2011, la fundación interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en la que resaltó la “violación sistemática de los derechos humanos de San Pedro Izticán relacionada con el Artículo 1 de la Constitución, los derechos de los indígenas, discriminación, derecho a la salud, al saneamiento de aguas residuales, etcétera.

Ante la acción de la CEDHJ, Rodríguez leyó la respuesta del presidente municipal de Poncitlán, Carlos Maldonado Guerrero, en la que aceptó el mal funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales de la comunidad y respondió que dicha situación se debe a la falta de recursos para reubicarla.

Tras la observación de todos estos factores que afectan a San Pedro Itzicán, con la consigna de defender los derechos humanos y ambientales de la comunidad, la Fundación Lerma Lago de Chapala Santiago presentó un amparo directo en el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa y del trabajo en el que piden a la autoridad municipal que termine con las violaciones por omisión en su deber como autoridad, ya que no es excusa que no tengan recursos económicos para garantizar las obras de saneamiento y la distribución de agua potable entre la población.

“Es su obligación establecerlo como un proyecto presupuestal, programarlo y ejecutarlo de tal manera que los derechos de la población se vean garantizados en su totalidad desde la prevención hasta los servicios de salud pública”, remató la abogada.