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Desafíos de la transparencia a 10 años del IFAI

08 julio 2013

 

La transparencia y el acceso a la información son condiciones necesarias de un gobierno democrático, pues dotan a la población de elementos indispensables para tomar mejor decisiones y ejercer otros derechos. De ahí que no hay democracia sin transparencia; de que un gobierno es democrático siempre que sea transparente. Son muchos los avances que México ha registrado en esta materia a lo largo de la última década. El acceso a la información es hoy un derecho fundamental, establecido en nuestra Constitución federal, que prevé los principios rectores como el de “máxima publicidad”, como el que las reservas de información tengan que estar previstas en ley y que determina
que haya órganos garantes del ejercicio de dicho derecho, con autonomía de decisión, gestión y operación en todo el país.

Además, existe una sólida masa crítica de organizaciones sociales y de  académicos que monitorean su desarrollo, a través de investigaciones de gran calado en diferentes sectores del desempeño público que van desde el presupuestario, el del gasto en programas sociales, el de políticas  medioambientales, de seguridad pública, etc.

Este trayecto virtuoso se ha visto reforzado por la participación del gobierno mexicano en el Comité Directivo de la Alianza por el Gobierno Abierto que es una iniciativa multilateral, basada en la acción conjunta del gobierno y organizaciones sociales para idear programas que ofrezcan información pública en formatos abiertos, a fin de que pueda ser usada y reutilizada por la población. No obstante, los propios avances han puesto de relieve los grandes desafíos que aún enfrentan la transparencia y el acceso a la información en México, si queremos que se conviertan en prácticas cotidianas y que los ciudadanos sepan y conozcan qué hacen sus autoridades, cómo toman sus decisiones y cómo gastan los recursos públicos.

Es cierto que normativamente están cubiertos todos los poderes y todos los   órdenes de gobierno, pues la federación, los estados y el DF tienen su  respectiva ley de transparencia, sin embargo, todavía hay asimetrías tanto en los contenidos de las leyes, como en la manera como éstas se aplican. Las mediciones sobre transparencia que han elaborado académicos y  organizaciones sociales así lo demuestran. Y es que subsiste una visión patrimonialista de la información que la concibe como propiedad del funcionario, en lugar de entender que éste sólo la ordena y resguarda para que sea consultada y analizada por las personas que son las únicas dueñas de la informaciónn pública.

Aunque sin duda la transparencia y el acceso a la información son ya un tema de la agenda pública, sólo una cuarta parte de la población sabe que el acceso a la información es su derecho y si un derecho no se conoce masivamente, difícilmente puede pretender ser vigente. Ampliar su cobertura a lo largo y ancho del país y entre los diferentes sectores de la población es otro de los retos del derecho a la información.

Hoy, el horizonte está claro, para avanzar hacia una sociedad incluyente, en la que la participación de la gente sea palanca clave para la determinación de las grandes decisiones públicas, es  indispensable que la información que generan entidades y dependencias de todos los niveles de gobierno esté a la mano de cualquiera. Los gobiernos abiertos a la vigilancia e interlocución de la población no sólo son más confiables y legítimos, sino más eficaces, porque están obligados a ordenar, actualizar y depurar la información, lo cual ayuda a edificar la memoria institucional que permite no repetir errores del pasado y, sobre todo, aprender de cara a la formulación de nuevas políticas públicas.

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07 de julio de 2013
Fuente: Red por la Rendición de Cuentas
Nota de Jacqueline Peschard