El reto de la gestión del agua en México I

08 octubre 2015

En 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Además, el Objetivo 6 de la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) exhorta a “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Ello implica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), garantizar el derecho humano al agua potable se traduce en dotar a la población mundial de entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer sus necesidades humanas más básicas, además de considerar que la fuente de agua necesaria para lograrlo debe de situarse a no más de mil metros del hogar. Sin embargo, según el Programa Conjunto de Seguimiento de la OMS y del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro a agua potable y, alrededor de 2 mil 600 millones de personas no cuentan con saneamiento básico.

Lo anterior significa que el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano por parte de la ONU y su ratificación por diferentes países no ha sido suficiente, ya que su materialización ha representado un reto importante principalmente para los gobiernos de los países pobres e inclusive, de aquellos que registran ingresos medios, como es el caso de México.

Al respecto, cabe preguntarnos ¿Cuál ha sido en el pasado y es actualmente la disponibilidad y el acceso de agua potable en nuestro país? ¿Qué tan eficiente ha sido la provisión de agua potable en México?

En nuestro país el porcentaje de habitantes con disponibilidad de agua potable registrados en el 2013 era de 92.3%, lo que significó que más de 117 millones de personas tuvieran acceso al suministro (CONAGUA, 2014). No obstante la cifra anterior, dicha disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable en un siglo en nuestro país. En 1910, la disponibilidad de agua potable por habitante al año era de 31 mil metros cúbicos (m3), en tanto que para el 2010 esta cifra disminuyó a 4 mil 230 m3 (INEGI, 2010).

En cuanto a la infraestructura disponible, a nivel nacional existen 779 plantas potabilizadoras de agua, las cuales cuentan con una capacidad instalada de 138.05 m3 por segundo (m3/s), las cuales son capaces de procesar y potabilizar un caudal de 96.2 m3/s (CONAGUA, 2014). Con respecto a las tarifas por el agua potable, estas oscilan entre 4 y 20 pesos por m3, mientras que a nivel internacional se encuentran en un monto equivalente en pesos entre 10 a 100 pesos por m3 (CONAGUA, 2014).

En México, los servicios de agua potable están a cargo de los gobiernos municipales, los cuales nombran organismos operadores[1] para satisfacer las necesidades de la población. Estos operadores pueden ser públicos (propiedad de la autoridad municipal), o pueden ser concesionados a particulares (Centro Virtual de Información del Agua, 2015).

El suministro de agua en el país se realiza a través de 2 mil 356 organismos operadores, de estos, mil 567 proporcionan el servicio a poblaciones urbanas, 98 a poblaciones rurales y 691 a poblaciones de ambos tipos. Además, alrededor del 95% son organismos de carácter público y el 5% restante, de tipo privado. Asimismo, la mayoría de estos organismos operadores son monopolios[2] (ya sea públicos o privados), lo cual puede tener efectos negativos, ya que tratándose de una concesión del servicio a un inversionista privado, y ante la ausencia de mercado competido, se corre el riesgo de que el prestador del servicio fije tarifas muy altas con el objetivo de maximizar sus ganancias.

En el caso en el que el servicio público opera como un monopolio, el riesgo es el inverso, ya que suelen establecerse tarifas que se encuentran en la mayoría de los casos por debajo de los costos de operación, lo que hace poco rentable la prestación del servicio, comprometiendo la viabilidad financiera del organismo y con ello, la provisión de agua potable.

Con respecto a la eficiencia de los organismos operadores, del total del agua potable que se “produce” en el país, sólo 60% se consume y el restante 40% se pierde por ineficiencias en la infraestructura, como son fugas y tomas clandestinas (Centro Virtual de Información del Agua, 2015 / Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2013). Sin embargo, la ineficiencia en los organismos operadores de agua potable no involucra únicamente las pérdidas resultado de fallas en la infraestructura, sino también en la facturación del servicio. Tan sólo el 40% del suministro de agua se factura y de éste, sólo el 73% se cobra (eficiencia comercial[3]). Esto significa una importante ineficiencia comercial o recaudatoria por parte de los organismos operadores, ya que del total del agua potable producida en el país, tan sólo se cobra el 30% (Centro Virtual de Información del Agua, 2015).

En cuanto a la eficiencia en la utilización de la fuerza laboral, a nivel nacional los organismos operadores cuentan con 5.2 empleados por cada mil tomas de agua. Tabasco por ejemplo, es la entidad con mayor mano de obra en sus organismos operadores, ya que tiene 10.3 empleados por cada mil tomas; en tanto que Nayarit tiene el menor número, con 3.2 empleados por cada mil tomas (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2013).

Con respecto a los costos promedio por volumen producido de agua, a los organismos operadores en el país les cuesta 6.15 pesos por m3, siendo Baja California la entidad con mayores costos al cotizarlo en 13.19 pesos por m3; mientras que Yucatán es el que registra un menor costo con 1.96 pesos por m3 (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2013).

Todas estas ineficiencias de los organismos operadores se han traducido en 127.2 reclamaciones al año por cada mil tomas de agua en promedio en el periodo 2002 – 2013. Estas reclamaciones comprenden por lo general reportes por no contar con agua, por recibir un servicio ineficiente, y por mala calidad de agua (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2013).

Como podemos observar, en el caso de México existe una brecha importante entre el reconocimiento de un derecho humano y la materialización de éste, siendo una de las principales causas la ineficiencia en la operación de los distintos organismos operadores de agua potable, a cargo en su mayoría de los gobiernos municipales.

Estas ineficiencias operativas y financieras ponen en riesgo la viabilidad de la provisión del servicio de agua potable a los hogares en el país como un derecho humano y como lo establece la ONU, dicho derecho facilita el cumplimiento de otros, como el derecho a la salud.

Por lo tanto, las autoridades responsables de gestionar y operar los sistemas de agua potable deben centrar sus esfuerzos en diseñar mecanismos eficientes y eficaces acompañados de modelos financieros sostenibles en el largo plazo y dejar de representar una fuente de financiamiento de grupos de interés, como los sindicatos o de funcionarios públicos que operan bajo criterios de corrupción, debilitando a los organismos operadores de agua.

@IntPublica

Los organismos operadores se encargan de administrar y operar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el objeto de dotar estos servicios a los habitantes de un municipio o de una entidad federativa. Dichos organismos pueden tener diferentes denominaciones, como: sistemas de agua, direcciones, comisiones, juntas locales, departamentos y comités, entre otros, de acuerdo a la estructura orgánica a la que pertenezcan. Además, gestionan los asuntos de ingeniería (operación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura), temas comerciales y de los usuarios (padrón o inventario de clientes, contrataciones, cobranza, etc.) y cuestiones de representación y gestión ante otras autoridades respecto de concesiones de agua, descargas, autorización de tarifas, etc. (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2014).

[2] El monopolio se opone a la competencia perfecta, ya que la falta de competidores permite que se fije un precio más elevado y se produzca menos. Al tener que pagar más caro los consumidores la adquisición del servicio, hay una pérdida neta de bienestar, pues existe una transferencia de la renta de los consumidores en beneficio de la empresa.

[3] La eficiencia comercial es el cociente del importe recaudado dividido entre el importe facturado por el suministro de agua potable (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2013).

8 de octubre del 2015

Fuente: Animal Político

Por: Marco Cancino (@marco_cancino) y Liliana Estrada (@LilianaEG145)