La oposición de grupos sociales e incluso de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita el gobernador Francisco KikoVega, ha puesto en la cuerda floja la construcción de dos plantas desalinizadoras que el mandatario ya licitó –una en San Quintín y otra en Playas de Rosarito, que sería la más grande de América Latina– porque el Congreso de Baja California no pudo aprobar una reforma que garantice las obligaciones de pago del gobierno estatal para los próximos 37 años por 9 mil millones de pesos más impuesto al valor agregado (IVA).

El gobierno estatal debe garantizar a Aguas de Rosarito –empresa que ganó la licitación para construir, financiar y operar la desalinizadora de Rosarito para vender agua al estado– el pago de 150 millones de pesos mensuales más IVA durante las próximas seis administraciones a partir de junio de 2019, bajo el esquema de asociación pública-privada (APP).

A la compañía Desaladora Kenton el gobierno le pagará 11 millones 136 mil 150 pesos mensuales más IVA a partir de enero de 2018 por operar el Sistema Integral Hídrico San Quintín, en el municipio de Ensenada. El agua desalada será entregada a productores agrícolas y pobladores. A esta empresa los consumidores de agua de Ensenada y los contribuyentes del estado le pagarán durante 30 años 568 millones 8 mil 827 pesos.

El esquema de pago quedó estipulado en diciembre pasado, cuando se aprobó la Ley del Agua, con la cual el gobierno aumentó tarifas y restructuró la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Vinieron entonces movilizaciones nunca vistas en Mexicali: más de 40 mil personas salieron a las calles a protestar. El gobernador dio marcha atrás y se quedó sin sustento jurídico suficiente para garantizar el pago a sus socios en las APP.

El miércoles de la semana pasada diputados locales panistas incluyeron en el orden del día el dictamen número 95, mas la sesión no se pudo realizar porque decenas de ciudadanos del grupo Mexicali Resiste ingresaron rompiendo puertas porque se les negó el acceso. Los legisladores cancelaron la sesión y se retiraron.

El dictamen 95 indica que las contraprestaciones se pagarán con los recursos recaudados por la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana y Ensenada, que cobra el agua.

Otra fuente alterna de pago que busca incluir Kiko Vega mediante el decreto 95 es la totalidad de la recaudación por el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, y una sobretasa anual determinada en la Ley de Ingresos. En ambos casos los recursos se irán a un fideicomiso.

El diputado panista Miguel Osuna Millán, hermano del ex gobernador José Guadalupe Osuna, se desmarcó el fin de semana de las pretensiones de Kiko Vega al calificar de inaceptableel endeudamiento del Estado, pues el suministro de agua está asegurado hasta 2028, y las obligaciones de pago contraídas en diversos proyectos quintuplican la deuda del estado.