Fuente: Madrid Actual

Izquierda Unida lleva semanas acusando en la Asamblea a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de “oscurantismo” en el proceso de privatización de parte del Canal de Isabel II, la empresa pública que suministra el agua de la región. Cuando le han preguntado, por ejemplo, por la valoración que ha hecho del Canal, González se ha escabullido con evasivas. El valor del Canal de Isabel II asciende a 3.558,79 millones de euros, según los datos del plan de negocio elaborado por la propia empresa pública para los próximos 15 años y recogidos en un informe del Ayuntamiento de Madrid al que ha tenido acceso este periódico.

También la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (formada, entre otros, por la Federación de asociaciones de vecinos, CC OO, Ecologistas en Acción e IU) ha pedido conocer el valor de venta y el valor patrimonial de la nueva sociedad. Ante la falta de información, y dado que considera que la privatización del 49% del Canal perjudica a los ciudadanos, la plataforma ha impulsado una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) para que se anulen las leyes que permiten transformar el Canal en una sociedad anónima, paso previo a la privatización. Los plenos de siete municipios han aprobado ya mociones que apoyan la ILM. Son San Fernando de Henares (IU), Leganés (PP), Fuenlabrada (PSOE), Rivas-Vaciamadrid (IU y PSOE), Getafe (PP), Coslada (PP) y Colmenarejo (PP).

La iniciativa obligará a la Asamblea de Madrid a debatir de nuevo la privatización del Canal. Sin embargo, como el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la cámara, el efecto de esta rebelión será más simbólico que práctico. El próximo día 19, representantes de los siete municipios llevarán la iniciativa a la Asamblea de Madrid. En los municipios gobernados por el PP, como Getafe, la moción ha salido adelante porque los grupos de la oposición se han unido para votar a favor del carácter público del Canal.

La puerta a la privatización de la empresa que suministra el agua potable de la región se abrió a finales de 2008, con la Ley de acompañamiento de los presupuestos. En ella se permite al Canal de Isabel de II transformarse en sociedad anónima y vender el 49% de sus acciones. La nueva sociedad, que cotizará en Bolsa, se reserva una participación del 20% para los municipios madrileños. El Ayuntamiento de la capital firmó la pasada primavera el convenio por el que se queda el 10% de las acciones. El acuerdo con los municipios recoge que estos puedan vender su participación, aunque deberán conservar un mínimo del accionariado, que en el caso del Ayuntamiento de Madrid asciende al 3% del capital de la nueva empresa. Con la presentación de los presupuestos municipales para 2012 quedó clara la intención del Consistorio: vender el máximo posible. Los 245 millones que le reportaría la venta de ese 7% figuran ya en las cuentas del año que viene en el apartado de ingresos.

La nueva sociedad será titular de todo el patrimonio que posee el Canal de Isabel II. Actualmente, y según el informe de valoración consultado por EL PAÍS, el patrimonio asciende a 2.753 millones de euros. El Canal de Isabel II (CYII) posee propiedades en pleno centro de Madrid, en Hortaleza, Fuencarral, en municipios como Majadahonda y en la sierra de Guadarrama. La Comunidad de Madrid tiene previsto dedicar el año que viene el 68% de toda la inversión del sector público al CYII, según los presupuestos de 2012. La inversión de la empresa pública asciende a 425,5 millones.

Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los presupuestos de 2012, pendiente de aprobación, modifica la de 2009 y permite a la Comunidad avanzar en la privatización del Canal. La norma, conocida como ley escoba, establece que “el Canal llevará a cabo la capitalización de la sociedad que mantendrá la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento… El proceso de capitalización podrá implicar la enajenación de hasta un máximo del 49% del capital de la sociedad a operadores económicos y ciudadanos”. La Comunidad está citando a los Ayuntamientos de la región para firmar los convenios que permitirán crear la sociedad.