Ante más de 500 pobladores congregados en la explanada municipal, Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), llamó a no caer en provocaciones.

Pedro Luna señaló que el ayuntamiento debe más de 32 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ya cortó la energía a tres pozos, por lo que 70 por ciento de los habitantes no tienen agua desde el 6 de mayo.

Por la tarde, en asamblea con unos mil habitantes, Luna Vargas ofreció no municipalizar el servicio de agua potable, gestionar la liberación de los tres detenidos, retirar a los granaderos, así como negociar con la CFE un descuento de 50 por ciento de la deuda y la reconexión de los pozos.

No obstante, por la noche representantes de la comisión negociadora de vecinos advirtieron que no firmarán el acuerdo si no se libera a los detenidos.

27 de mayo de 2016
Fuente: La Jornada
Nota de Silvia Chávez González