Exigen en Tuxtla Gutiérrez no privatizar servicio de agua potable

16 julio 2013

  Al final de la manifestación, los inconformes entregaron un documento al Congreso local, en el que exigieron que se realice un referendo antes de que se apruebe la propuesta enviada en días pasados por el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en la que se plantea “concesionar” el servicio.

“Tratándose de un recurso estratégico tan elemental para la sobrevivencia humana es necesario someterlo a consulta ciudadana”, expresaron los inconformes en el documento dirigido al diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente del Congreso del Estado, entregado por los miembros de la llamada comisión promotora.

“Pedimos que se realice un referendo para que estemos en condiciones de manifestar nuestra aprobación o rechazo a la medida” planteada por el cabildo capitalino, “por lo que solicitamos al Congreso que se abstenga de realizar cualquier aprobación de la iniciativa de decreto”, insistieron.

“El agua es vida, Tuxtla no lo olvida”, “no a la privatización del SMAPA”, “el agua es de todos, no se vende ni se privatiza”, corearon los manifestantes.

La marcha ciudadana partió del parque Bincentenario, situado en el poniente de la ciudad y después de recorrer más de diez cuadras por la avenida central concluyó frente a la legislatura local, ubicada en el centro de la ciudad.

El ayuntamiento tuxtleco aprobó el 20 de junio pasado que el SMAPA “concesione” por 20 años a una empresa privada los servicios de ese organismo, con la condición de que construya diversas obras, pague adeudos pendientes y contribuya a su saneamiento.

La medida, según informó su director, Alfredo Araujo Esquinca ocasionará el despido de los mil 200 empleados, aunque unos 600 podrían ser recontratados.

Agregó que la empresa privada que gane la licitación, en caso de que el Congreso local apruebe la propuesta, tendrá que hacer una inversión inicial de 560 millones de pesos, de los cuales 365 millones servirán para la construcción de dos plantas de tratamiento de agua, liquidar a los mil 200 empleados y para otras obras.

Explicó que lo que se pretende es otorgar a un particular la autorización para que preste diversos servicios relacionados con el suministro, distribución, manejo y cobro del agua potable en la capital del estado, con el objetivo de “lograr un reordenamiento que permita el rescate del organismo y garantizar el suministro del vital líquido durante los siguientes años”.


16 de julio de 2013

Fuente: La Jornada
Nota de Elio Henríquez

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