Guadalajara, Jal. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, espoleado por las críticas luego que la semana pasada anunció que la presa El Zapotillo, en la región Altos, tendrá una cortina de 105 metros e inundará tres comunidades, cuyos habitantes serán reubicados o indemnizados, se dijo dispuesto a revisar con investigadores de la Universidad de Guadalajara que se oponen a la obra y recién publicaron un desplegado contra un proyecto “cuyo objetivo único es trasvasar agua a Guanajuato”.

El rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo, dijo que así se lo confirmó Sandoval bajo el entendido de que se trata de tomar la mejor decisión para Jalisco, pero sin llegar a la confrontación entre instituciones.

“Se analizarán los temas críticos desde el punto de vista técnico, científico y desde una perspectiva social”, afirmó Bravo.

Entre los puntos a discutir está la reversión de las cuotas de aportación del río Verde, las bases técnicas que indiquen la cantidad de agua de la presa, así como la altitud que alcanzará la cortina.

Recientemente, el estudio Proyecto Jalisco Sostenible. Cuenca del Río Verde, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), presentó cinco escenarios sobre la presa El Zapotillo y el gobernador planteó como el más viable aquel que especifica la construcción de la presa con una cortina de 105 metros.

El acercamiento entre el rector y gobernador se da tras la publicación de un desplegado firmado por autoridades de los campus Centro Universitario de los Altos y Centro Universitario de los Lagos.

El rector dijo respetar la postura emitida por los dos campus que forman parte de la red universitaria, pues se tratan de escuelas ubicadas en los municipios de Lagos de Moreno y Tepatitlán, en la región alteña del estado, lo que los hace directos implicados en los efectos que traerá la presa y el acueducto a León, Guanajuato.

“Es primordial realizar este análisis, ya que la zona alteña es uno de los espacios de producción alimentaria más importantes del país”, agregó Bravo.

El CULagos y CUAltos manifestaron en un desplegado publicado el martes que el trasvase se realizaría afectando los intereses no sólo de las tres comunidades que se inundarían (Acasico, Palmarejo y Temacapulín), sino decenas de pueblos en la región alteña por donde pasaría el acueducto.

“Las autoridades estatales han anunciado una decisión que corresponde también al ámbito federal, y lo han hecho sin haber construido un proceso de gobernanza que ha quedado en mera simulación”, dice el documento.

Expresaron también su desacuerdo, porque no ha sido demostrado que la presa sea la alternativa técnica óptima para la gestión del agua de la cuenca del río Verde y en cambio sí puede afectar de forma notoria la producción agropecuaria.

“Es evidente que la decisión tomada no se sustenta en el estudio hídrico realizado por la UNOPS, dado que por los alcances para los cuales fue contratado tiene sólo la utilidad para determinar la altura de la cortina de la presa El Zapotillo, y no evalúa las alternativas a no construir una presa”.

Además señalan que el estudio de la UNOPS no honra al respeto que merece una agencia del sistema de la Organización de las Naciones Unidas.

“El proceso ha sido carente de transparencia, ha excluido de información y análisis a los principales actores del estado, incluida a su Universidad pública, en la cual tenemos la responsabilidad de aportar los conocimientos técnicos, así como la perspectiva crítica de sus científicos sociales en este proceso de tan alta relevancia”.

Por su parte, la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, que preside Manuel Villagómez Rodríguez, entregó una carta en oficialía de partes del Ejecutivo estatal con 25 preguntas sobre su decisión en la presa, entre ellas que explique por qué las empresas concesionarias de las obras han sido protegidas por el gobierno federal y estatal.

En tanto, organizaciones civiles, pobladores de las comunidades amenazadas y activistas que han trabajado en pro de los afectados, anunciaron una concentración este jueves en el centro de Guadalajara y reiteraron que reanudar la obra sería desacato a tres mandatos judiciales que amparan dejar la presa a la altura actual de 80 metros.