Habría sanciones al cancelar el acueducto Monterrey VI

23 febrero 2015

Monterrey, N.L. De cancelarse el proyecto hidráulico Monterrey VI, cuya obra fue asignada a un consorcio encabezado por una filial de ICA, habría sanciones monetarias, afirmó el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.

A pesar de que Agua y Drenaje de Monterrey analiza algunas recomendaciones que hizo la ONG The Nature Conservancy (TNC) que lo consideró no viable, “éste es un proyecto que ya se licitó y que ya se otorgó, ya hay un contrato, obligaciones que hacer, o sea (la cancelación del proyecto) no es un tema que esté ahorita en discusión”, refirió.

El mandatario insistió en que están abiertos a escuchar todas las opiniones, de ONGs y de instituciones que quieran aportar al proyecto, pero la cancelación del mismo no está en el panorama.

“Estamos abiertos a debatir, abrir la puerta, pero el proyecto sigue su marcha, el proyecto de suministro de agua para el área metropolitana no se puede detener”, enfatizó.

En marcha desde diciembre

Puntualizó que se ha trabajado cinco años en este proyecto y que la obra ya comenzó a fines de diciembre, por lo que si se llegara a cancelar, como ocurrió con el tren de alta velocidad México-Querétaro -que tuvo multas millonarias por parte del consorcio chino CRCC-, se tendría un escenario difícil.

El proyecto emblema de la administración de Rodrigo Medina consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros, que inicia en el río Pánuco en San Luis Potosí, cruza los estados de Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a Linares, Nuevo León, donde interconectará con el Acueducto Cerro Prieto-Monterrey.

El caudal de diseño de este acueducto es que llevará hasta 6 m3/segundo en su primera fase al área metropolitana de Monterrey.

En septiembre de 2014, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) dio el fallo de la licitación en favor del consorcio integrado por las empresas Concretos y Obra Civil del Pacífico (Grupo Higa) con 37.75%; Controladora de Operaciones e Infraestructura (Grupo ICA) con 37.75%; Desarrollos y Construcciones Rogar con 15%; Recsa Concesiones con 6.5%, y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa) con 3 por ciento.

Inicialmente se estimó que el costo del acueducto sería de 17,616 millones de pesos, la cifra se elevó a 46,980 millones de pesos con IVA.

El gobernador Rodrigo Medina aseguró que el aumento incluye costos de operación y financiamiento, sin embargo, 11 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Vertebra, Reforestación Extrema y Agua para Todos, en un manifiesto reclamaron que el costo se elevó a 57,000 millones de pesos y que eso contribuiría a que la entidad aumente su deuda, que se ubica actualmente en 61,079 millones de pesos.

Aumenta oposición

El 4 de febrero pasado, el empresario Eugenio Clariond Reyes-Retana, presidente de Grupo Cuprum y también presidente del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), presentó el estudio “La Seguridad Hídrica de la zona metropolitana de Monterrey y de la Cuenca del Pánuco”, realizado por The Nature Conservancy (TNC), el cual indica que el Proyecto tendrá un alto impacto económico, ecológico y social por lo que es “una inversión nefasta”. A partir de allí la oposición al proyecto ha ido aumentando.

23 de febrero de 2015
Fuente: El Economista