Industrialización vs. Medio ambiente

04 septiembre 2014

Ante situaciones como ésta, toda la ciudadanía dudamos si efectivamente el gobierno sancionará a los responsables y lograra la reparación del daño causado al medio ambiente, que eventualmente se traducirá en repercusiones en la salud de la población a corto, mediano y largo plazo.

Las afectaciones al medio ambiente son consideradas dentro de los derechos difusos, puesto que los alcances del daño son difícilmente determinados o determinables. Por un lado, no sabemos a cuántas ni a cuáles personas se afecta por la contaminación y, por otro lado, tampoco se sabe por cuánto tiempo o hasta transcurrido cuánto tiempo se verá reflejada la afectación.

Frente a ello, el derecho al desarrollo está dentro de los derechos colectivos, puesto que se puede determinar a cuántas personas se afecta o se beneficia y sus consecuencias son medibles, cuantificables en lo que a sus alcances se refiere.

Partiendo de lo anterior, para el Estado resulta más práctico inclinarse por el desarrollo y poner de lado el medio ambiente, sin buscar el equilibrio, porque los intereses económicos pesan más que la salud y el medio ambiente del resto de la población.

Una catástrofe ecológica como la que enfrentamos trae graves afectaciones al equilibrio ecológico, que, a la larga, serán mucho más costosas para el Estado que lo que puede implicar proceder conforme a la ley en contra de la empresa responsable.

En este caso, sabemos que Grupo México es dueño de la mina Buenavista del Cobre y, por consiguiente, debe de declararse su responsabilidad por las afectaciones al medio ambiente que resulten del mencionado derrame. Por un lado, el Estado debe buscar la multa o penalización por el incumplimiento a la normatividad que rige las operaciones mineras que realizan, además se debe buscar la reparación del daño en sus diversas dimensiones (el lucro cesante, el daño emergente y, en su caso, daño moral) además de hacer una investigación a fondo de los responsables de la tragedia a fin de que situaciones como ésta no vuelvan a ocurrir.

El Estado es corresponsable por el daño causado, ya que las empresas mineras operan bajo supervisión de diversos organismos técnicos y ambientales que, en teoría, hacer revisiones periódicas que vigilan el cumplimiento de las normas oficiales para la operación de los procesos de beneficio de los minerales que se extraen de las minas. Sin embargo, si el dictamen técnico afirma que el derrame se debió a problemas técnicos, algo paso entre las supervisiones que generó el deterioro de la planta o las verificaciones por parte del Estado tampoco se hicieron de la manera adecuada.

Si es el caso, la sanción debe ser triple, por un lado a los agentes del Estado que no aplicaron la norma en su momento para prevenir el daño; por otro, a la empresa por no haber cumplido con la normatividad de manera adecuada poniendo en riesgo a la población y al medio ambiente; también tiene responsabilidad el poder legislativo, que debe hacer normas con mayor rigor que controlen de mejor manera a los diferentes sectores industriales que ponen en riesgo al medio ambiente, porque un marco jurídico endeble no brinda la protección necesaria a la población. Es aquí donde debemos voltear los ojos a otras legislaciones de otros países que prefieren fortalecer el medio ambiente y protegerlo, antes que permitir que una empresa cause un daño ecológico que sea difícil de reparar.

Éste es un asunto que a nosotros, los zacatecanos, debe ponernos alerta, porque no estamos ajenos a sufrir un accidente ambiental de esta magnitud, ya que en nuestra entidad está creciendo el número de empresas mineras en operación y no tenemos la certeza de que se esté tratando de proteger el medio ambiente.

Sirva pues la mala experiencia del Estado de Sonora para que las demás entidades federativas pongan especial atención en la industria que se encuentra radicada dentro de sus territorios y el cumplimiento de las normas mexicanas, además de que sea un llamado de atención para el Gobierno Federal, en los tres poderes de gobierno, para que crear un sistema de legalidad que proteja el medio ambiente, que las normas se cumplan efectivamente y que, en caso de incumplimiento, se apliquen las sanciones correspondientes sin temor a los intereses económicos.

4 de septiembre de 2014

Fuente: NTR / Jenny González Arenas