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Insuficientes, acciones de Grupo México, reclaman

07 agosto 2017

07 de Agosto 2017
Fuente: El Economista
Nota: Ruy Alonso Rebolledo

Representantes de los afectados aseguran que de acuerdo con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, se contabilizan 381 personas enfermas por el derrame.

Tres años después del derrame en el río Sonora, Grupo México considera que cumplió a cabalidad con lo requerido por los gobiernos federales y locales para reparar el daño que causó el accidente. Mientras tanto, pobladores de la zona consideran que las acciones han sido insuficientes.

El 6 de agosto del 2014, una fuga de un depósito de la mina Buenavista del Cobre vertió 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en un arroyo que, a la postre, llevaría esos contaminantes a los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa, filial de Grupo México, fue señalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como responsable.

“El derrame cambió abruptamente nuestra vida. Antes vivíamos tranquilamente. Tomábamos agua tranquilamente”, dijo Ramón Miranda Córdova, afectado tras el derrame.

El accidente les contaminó el agua.

Hoy los vecinos deben buscarla en garrafones, pero a esos también les tienen miedo: “Los negocios de purificación no tienen filtros contra metales pesados”, dijo Miranda, comerciante de ropa y calzado de Ures, Sonora.

Para enfrentar la situación, los afectados se agruparon Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), Ramón Miranda pertenece al comité de Ures y Mario Alberto Salcido —otro afectado oriundo de Aconchi, Sonora— al de su entidad de origen.

Salcido dice que lo tenían todo resuelto con el afluente, “incluso en los paseos al río no teníamos que llevar agua, cavábamos un pequeño hoyo cerca del afluente que rápido se llenaba”.

El derrame afectó directamente a 22,000 personas e indirectamente a otras 250,000 en siete municipios situados a orillas del Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo, señala el CCRS.

Tras el accidente, considerado por las autoridades medioambientales de México como el más grave en la historia de la minería nacional, los pobladores, organizaciones civiles y la Organización Mundial para la Salud, de las Naciones Unidas, advierten que la contaminación en el río Sonora subsiste.

Mientras, las autoridades federales llegaron a un acuerdo con la empresa minera: tras encontrar alrededor de 50 irregularidades en la mina, Grupo México fue sancionado con una multa de 24 millones de pesos y fue obligado a crear un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para atender las afectaciones ambientales y sociales.

La firma, a solicitud de El Economista, emitió un posicionamiento vía correo electrónico en el que reitera que cumplió a cabalidad con lo requerido por los gobiernos federales y locales, además de que aún brinda apoyo a la población cuando se requiera. En la comunicación, aseguró que apoya a los municipios colindantes con el río Sonora con la entrega de nueve plantas de tratamiento de agua, siete equipos de construcción y transporte, así como la realización de cinco obras de pavimentación e infraestructura y la provisión de materiales diversos. Afirmó haber beneficiado a más de 3,000 habitantes con programas de educación, salud, medio ambiente, deporte y recreación.

Sin embargo, para Miranda y Salcido, las acciones de Grupo México son insuficientes. La reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos fue motivo de irregularidades, dijeron y según los pobladores, las indemnizaciones no son equiparables con el nivel de las afectaciones.