Inviabilidad financiera y técnica del Acueducto Independencia

13 noviembre 2015

Este incremento no considera los aumentos previsibles que se registrarían si las autoridades municipales de la ciudad capital toman responsabilidad por los costos de la operación ilegal del acueducto con el que Guillermo Padrés penó que podría encubrir todos sus latrocinios y lograr la protección de los especuladores capitalinos que han proyectado grandes negocios inmobiliarios con el trasvase de las aguas del Río Yaqui.

El primero que pega el grito advirtiendo que el organismo operador de agua potable de Hermosillo, no podría cargar con los costos de la operación del acueducto, es su director Renato Ulloa. El argumento de entrada es que el organismo que dirige está en bancarrota total, puesto que carga con una deuda de Mil Seiscientos Millones de Pesos y solo cuenta con ingreso anuales que no superan los Ciento Ochenta Millones de Pesos. Al organismo le apremia un rescate financiero y no que le cuelguen la deuda y los costos de operación ya generados por el acueducto. Parecería que las autoridades municipales de Hermosillo desean que el dichosos acueducto se los opere el Gobierno del Estado y así transferirle a todos los municipios de la entidad los costos de la eventual operación de la obre señera del padrecismo.

Transferir los costos de la posible operación del acueducto al Gobierno del Estado, implica un importante carga financiera al presupuesto estatal, pero sobre todo un costo político para el gobierno de Claudia Pavlovich, quien mantiene la alianza con las tribu yaqui y con las fuerzas sociales del sur de Sonora, impulsando una política de gestión de más agua para todo el estado y no la división que propicia el absurdo de repartir lo que no alcanza. La ilusión del alcalde hermosillense bien se puede resumir en la frase: que a mí me den el agua del acueducto y que otros paguen los costos políticos y financieros.

Estimaciones aproximadas consideran que si al aumento del 35 por ciento que ya se anticipa para el consumo humano en Hermosillo, se le agrega la deuda del organismo municipal, la deuda generada por la operación del acueducto, el mantenimiento del mismo y el impuesto especial por trasvase que piensa cobrar CONAGUA, el metro cúbico tendría que entregarse a cada uno de los hogares en más de treinta pesos. Tan solo por consumo de electricidad y por el impuesto de trasvase se tendrían que estar pagando Trescientos Millones de Pesos anuales.

Querer hacer valer esta política no deja de ser una imbecilidad, pero adquiere características de manicomio, cuando atendemos las consideraciones técnicas: La Cuenca del Río Yaqui, como está plenamente documentado, tiene, en el corto plazo, una proyección deficitaria sin considerar los millones de metros cúbicos que contempla extraer el Acueducto Independencia. Esto es lo que consignan los estudios más completos sobre la cuenca elaborados por CONAGUA en el 2006. En ellos se establece que en menos de una década se tendrá un déficit hídrico de 250 millones de metros cúbicos. Lo cual advierte que a los escurrimientos del Río Yaqui no se les debe de encimar un usuario más, y menos con la voracidad que implican los requerimientos que proyectan hacer de la ciudad de Hermosillo la nueva Tijuana del noroeste.

Hay que seguir actuando con la fuerza y la confianza de que se restablecerá la sensatez. Hay elementos para creer en ello. Tenemos una gobernadora inteligente que ya captó la idea de que el agua nos tiene que unir y no dividir. Después de la visita del presidente Enrique Peña Nieto al Valle del Yaqui, queda claro que le corresponde fundamentalmente al gobierno federal comprometerse con la reconciliación y la unidad de todos los sonorenses. Eso implica poner en marcha las debidas acciones presupuestarias para que se disponga de más agua en Sonora, empezando con la construcción de la desaladora para la ciudad de Hermosillo.

13 de noviembre de 2015
Fuente: Dossier Político
Nota de Alberto Vizcarra