José Ramón y Pascual inocentes, SCJN debe liberarlos: defensa

11 septiembre 2012

Se trata de dos líderes indígenas que han sido adoptados por la organización Amnistía Internacional (AI) desde marzo pasado como presos de conciencia; purgan una sentencia de seis años, 10 meses y 20 días de prisión en el Centro de Readaptación Social Regional de Huauchinango, Puebla, por un delito considerado grave, pero el juicio se basó en pruebas fabricadas.

La lengua originaria de José Ramón y Pascual es el náhuatl y durante el proceso judicial les fue negado el acceso a un intérprete o abogado defensor que conociera su lengua o cultura, lo cual violó su derecho a un juicio justo.

Las autoridades, a decir de sus defensores, también llevaron a cabo una investigación imparcial para establecer los hechos y el juez negó su derecho a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.

Un año después de dictada la sentencia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tomó el caso interponiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo directo que ya fue aceptado por la Primera Sala y que se espera sea discutido este mismo mes.

Ante ello y luego de diversos procedimientos, AI los adoptó como presos de conciencia y ha exigido en diversos foros y ante autoridades federales, estatales y municipales que los dos defensores deben ser liberados de forma inmediata e incondicional.

Con ese objetivo, la organización realizó una caravana de solidaridad con los dos presos de conciencia y visitó la localidad de Atla, situada en el municipio de Pahuatlán, Puebla, de donde son originarios y en el que sus habitantes esperan y confían en que pronto se determine la libertad de sus líderes, pues nuevamente han sido objeto de la injusta repartición del agua y el cobro excesivo por el vital líquido.

“Es injusto que una autoridad que lucha por su pueblo esté presa”, coincidieron los habitantes de Atla al recibir en la explanada principal del pueblo a la caravana solidaria.

Atla; sin agua y sin justicia

De acuerdo con los abogados del Centro Prodh Andrés Díaz y Araceli Olivo, el 22 de octubre de 2009, José Ramón y Pascual, quienes se desempeñaban desde 2008 como presidente auxiliar y Juez Menor de Paz de Atla, respectivamente, así como un grupo de campesinos fueron agredidos por Abraham Aparicio quien intentó atropellarlos.

Días después José Ramón y Pascual otorgaron el perdón al agresor a quien se le impuso una multa y a quien se le devolvió su auto que permaneció resguardado en el corralón municipal. Sin embargo, el 6 de noviembre, el padre de Abraham, Cristóbal Aparicio, presentó una denuncia en contra de José Ramón, Pascual y el comandante Carmelo Castillo por el supuesto robo con violencia de un vehículo el 27 de octubre.

No es, sino hasta en enero del 2010 cuando policías judiciales detienen a los dos primeros y el 12 de julio el juez penal del Distrito Judicial de Huauchinango los sentenció a siete años y 22 días.

La sentencia es confirmada el 23 de noviembre del mismo año por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, pero con una condena de seis años, diez meses y 20 días.

En entrevista para Fórmula Internet, el abogado Andrés Díaz, explicó que el proceso tuvo por lo menos ocho contradicciones respecto a si llevaban o no armas, el tipo, dónde y de qué modo fue el supuesto ataque, la duración de los hechos, la forma de la supuesta agresión, el lugar en que sucedieron los acontecimientos, los testigos presenciales, el vehículo, la velocidad a la que iba, entre otras.

Además de que los dos testimonios que sustentaron la acusación carecían de pruebas sólidas y nunca se les asignó un intérprete o traductor del náhuatl.

Por ello, el abogado advierte; “no aceptaremos de la Primera Sala de la SCJN otra sentencia que no sea la de su libertad absoluta e inmediata”.

El caso de los defensores comunitarios del agua lo toma el Centro Prodh porque sus abogados perciben una situación de injusticia total, una forma de fabricar culpables y delitos. Ellos eran autoridades nahuas en la Sierra Norte, de Atla, una comunidad que paradójicamente significa “lugar de agua” y habían sido electos por el pueblo de forma tradicional. Estaban luchando por el acceso al agua para todos dentro de la comunidad.

José Ramón y Pascual como autoridades hacían esto porque desde hace más de cuatro décadas existe un grupo caciquil que se ha apropiado de algunos manantiales.

En la década de los años 70 el pueblo nombró un Comité del Agua, encabezado por Guillermo Hernández Cruz, para captar el líquido de algunos manantiales que existen en la comunidad, pero con el tiempo este grupo exigía 40 días continuos de faenas o trabajos forzados y cuotas de hasta cinco mil pesos por una toma de agua que sirve a no más de dos familias.

El abogado relata que cuando José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz son elegidos como autoridades de Atla, existen diversas agresiones en su contra pues ponen en marcha un proyecto que tiene el fin de llevar agua de manera gratuita a toda la población con recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

El programa no tiene la bienvenida del grupo caciquil encabezado por Hernández Cruz a quien le llaman “el cacique”. Abraham Aparicio y Cristóbal Aparicio Domínguez, son integrantes del grupo caciquil.

Díaz consideró que el proceso judicial está viciado de inicio, lo cual se debe “a un sistema de justicia penal en México que funciona con favores, con redes de extorsión, cuando son detenidos les piden 30, 40 mil pesos para ser liberados y al no contar con los recursos son encarcelados, lo cual nos habla del delito de cohecho entre el juez y el grupo caciquil”.

Para el caso, insiste, el abogado, “no vemos otra alternativa más que el amparo liso y llano, si la Primera Sala de la SCJN atiende, como lo ha hecho, este caso con debido respeto a la legalidad y a los derechos de José Ramón y Pascual, si considera no sólo que no son responsables, si no que no existió el delito, entonces podríamos hablar de que se les va a conceder su libertad”.

El caso del comandante Carmelo

De acuerdo con el litigante, lo que determine la SCJN aplicaría para el caso del comandante Carmelo Castillo Martínez quien fue detenido el año pasado, por las mismas causas que Pascual y José Ramón.

“Nosotros no llevamos el caso, pero sabemos que ya sólo le queda a su abogado presentar una prueba pero pensamos que la sentencia de José Ramón y Pascual que diga que no existió delito va a servir para el caso de Carmelo Castillo.

“Los cargos que le atribuyen son los mismos y fue detenido porque no había preescrito el delito del que se le acusó, se relata en la denuncia que los tres estaban esperando entre los matorrales a que pasara el auto de Cristóbal, lo cual es falso”, explicó.

Falta de acción del Estado y discriminación

Para el coordinador de Movilización e Impacto de AI México, Daniel Zapico, en el caso se mezclan varias situaciones, la falta de acción del Estado para garantizar derechos como el del agua (…) y la discriminación por su lengua de origen.

“Ambos son nahuahablantes y no tuvieron traductor cuando fueron llevados a juicio, a pesar de que las leyes mexicanas reconocen el derecho de los pueblos a contar con traductor, lo cual muestra la discriminación que se vive en este contexto de los pueblos indígenas en México”, acusó.

Dijo que fueron adoptados por AI como presos de conciencia porque “trabajaban de forma legítima por el acceso al agua y fueron acusados de un delito que no cometieron para quitarlos de en medio y no pudieran seguir haciendo este trabajo, básicamente función del Estado”.

Mencionó que ya se han entregado escritos dirigidos al Presidente de la República desde distintos países del mundo, como España, Holanda Italia y se están enviando mensajes a las embajadas de México en otros países, además de que realizan actividades de solidaridad con José Ramón, Pascual y sus familias.

“Que sepan que no están solos y que sepan que hay mucha gente trabajando en su liberación porque hay mucha gente que saben que están en la cárcel injustamente”, enfatizó el activista.

Durante la caravana solidaria, un grupo de activistas pudo ingresar al penal y visitarlos, entregarles cartas y fotografías de las acciones que se realizan en pro de su liberación, lo cual agradecieron.

“Si una persona tiene el manantial, ¿cómo le vamos a hacer? Porque cada uno de nosotros estamos sacando impuestos y queremos tantita agüita porque el agua no es otra cosa y es de todos. Exigimos nuestra libertad, somos inocentes, ya queremos nuestra libertad”, expresó Pascual a los activistas.

Daniel Zapico adelantó que al igual que

la defensa de los indígenas, esperan que la SCJN enliste el caso y entonces “saber cómo actuar”. Podemos entregar más de diez mil firmas al presidente Felipe Calderón. Lo que queremos es poner luz en esos sistemas oscuros del sistema y que son ocupados para reprimir y acallar”.

Actualmente, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz son los únicos presos de conciencia en México y los habitantes de Atla, en donde habitan poco más de dos mil personas, siguen siendo víctimas de la injusticia pues se les sigue vendiendo el agua a precios que no pueden pagar. Sólo el 80 por ciento de los pobladores cuenta con el servicio.

Fuente: Radio Fórmula / Estela Juárez Aguilar

11 de septiembre de 2011