Atlixco. Manuel Beristain, delegado en Puebla de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), admitió que la disputa legal y social por la distribución del líquido proveniente del manantial de la junta auxiliar de Axocopan está cerrada. “Recuerden que las aguas son propiedad nacional. Y en eso no existe vuelta de hoja”.

Durante una visita a la ciudad para ser testigo de la puesta en marcha de un proyecto tecnológico de monitoreo de medidores y pozos, y para el uso eficiente del llamado vital líquido, auspiciado por el SOAPAMA, el funcionario ofreció una entrevista en donde abordó ese polémico tema:

“En el manantial de Axocopan está perfectamente bien claro que los usuarios son quienes ostentan los títulos de concesión. Así, de esa manera, está plasmado en el registro público de derechos de agua; por eso ellos (usuarios) tienen el pleno derecho de usarla. La autoridad normativa, en este caso la Conagua, posee la facultad de revisar o verificar si algunos están agarrando ese recurso sin tener derecho. En caso de detectar esa irregularidad, serán acreedores a las sanciones establecidas en la ley correspondiente. No importa se trata de una persona física o moral”.

–¿Qué pasará con la caja partidora del manantial de Axocopan?

–Estamos haciendo una propuesta de terminación de esa obra que lógicamente lleva como finalidad fundamental distribuir el agua para todas las comunidades que tienen sus títulos legalmente registrados.

En Axocopan surgió hace más de cinco años un conflicto social debido a que integrantes del Fundo Legal, uno de los 11 concesionarios de esa fuente de abastecimiento, reclamaron de forma pública y conjunta, con un sector de habitantes, el pago de una indemnización por una vasta cantidad de ese recurso que era extraído de forma ilegal.

Por otro lado, José Ramón Ardavín y Duarte, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, respondió así a la interrogante sobre la versión de organizaciones sociales relacionada con el intento oficial de privatizar ese recurso: “de entrada quiero negar esa posición o esa idea. De ninguna manera la autoridad tiene en mente privatizar ese servicio. Esa es una mala visión”.

Sigue: “ciertamente en algunos lugares existen concesiones que implica contratar a un especialista para manejar una planta de tratamiento o para manejar un sistema operador. A final de cuentas la importancia es precisamente trabajar con alguien que tiene la capacidad técnica y que son planes de largo plazo para garantizar la continuidad”.

En ese sentido, “la Federación no está a favor o en contra de la privatización del agua. Somos indiferentes a eso. Queremos, eso si, dar paso a la eficiencia. Es decir, si un organismo para ser mejor debe contratar a una empresa privada, pues bienvenido porque está en su derecho de conseguir metas planteadas. O si prefieren hacerlo por su cuenta, no hay problema. Nosotros como Conagua no tenemos preferencia en ese sentido”.

El punto “es consolidar esquemas de progreso. Es decir, que la política pública obtenga mejores rendimientos. Y más, que los organismos operadores puedan vislumbrarse como verdaderos órganos técnicos, en lo posible despolitizados, cuya tarea es netamente operativa con cuentas claras y finanzas sanas. De otra manera entraremos a una espiral sin fondo”.

En México, como en la mayoría de países latinoamericanos, aseguran organizaciones sociales independientes, los ciudadanos han mostrado en los últimos años un creciente rechazo a las políticas de privatización de empresas y bienes públicos.

Un amplio estudio elaborado bajo el auspicio de Public Citizen, con sede en Washington, y reconocida por su lucha contra las políticas de privatización y apertura comercial impulsadas por los organismos internacionales, documentó que México está siguiendo nuevamente un camino desechado en otras latitudes, ahora con el tema del agua.

“La Ley Nacional de Aguas fue reformada en abril de 2004 para cambiar el régimen de administración del agua en el país. Por un lado, la Conagua, dominada por intereses empresariales, fue confirmada como una organización de amplios poderes. Y, por otro lado, se crearon consejos locales de administración, pero en cuya concepción no están incluidos los campesinos y usuarios”.