La falta de consenso y la parálisis legislativa lastran la respuesta californiana a la sequía

15 junio 2015

La ciudad de Riverside acaba de presentar una demanda judicial para que se le adapte la normativa estatal sobre medidas de emergencia frente a la sequía. La demanda surge ante la negativa del Consejo estatal de control de los recursos ante la petición de la ciudad de que se le aplicase un ahorro de agua de tan solo un 4 %. Riverside se abastece de su propio acuífero, el Bunker Hill Basin, y no depende de agua importada de otras cuencas, por lo que considera que los objetivos de ahorro que se les debe aplicar es el menor posible. Aunque el nivel freático del acuífero ha descendido a causa de la sequía, tiene unas reservas que oscilan entre un mínimo de 1 700 hm3 y un máximo de 6 700 hm3, de acuerdo con la gerencia de la compañía pública de aguas. De acuerdo con el mandato del gobernador, el consejo estatal exige a los suministradores una reducción entre el 8 % y el 36 %, respecto a los valores medios trimestrales de 2013.

El objetivo general es conseguir una reducción estatal de agua potable del 25 % para febrero de 2016. A Riverside se le ha asignado una reducción del 24 %, algo inferior al 28 % inicialmente propuesto, tras una corrección de las cifras de población. La ciudad había solicitado ser incluida en la franja de reducción del 4 %, petición que fue rechazada por el Consejo, debido a que esa reducción mínima está reservada a los suministradores que durante al menos cuatro años no han utilizado agua subterránea o importada. La demanda, presentada el pasado 4 de junio, trata de que el agua subterránea sea incluida en el criterio aplicable para obtener una reducción del 4 %. “La única diferencia entre un agua superficial y un agua subterránea es que la primera es visible y la segunda no lo es”, ha manifestado el gerente de la empresa pública. La demanda de Riverside argumenta que, con la adopción de esta norma de emergencia, el estado “ha abusado de su discrecionalidad” y “ha actuado de forma arbitraria y caprichosa excluyendo a suministradores de agua con fuentes superficiales adecuadas pero incluyendo suministradores como Riverside con fuentes adecuadas de aguas subterráneas”.

Riverside es autosuficiente en recursos hídricos desde 2008, tras la construcción de una planta de potabilización de agua, nuevos pozos, captaciones de aguas de escorrentía y una inversión de 10 millones de dólares en infraestructura de reutilización de agua. “Durante los pasados 10 años, nuestros contribuyentes han invertido 100 millones de dólares en protegerse frente a la sequía, dotándose de infraestructuras que nos permiten superar una sequía como la actual sin necesidad de aplicar restricciones, y ahora el estado nos dice que, al margen de la situación de nuestro abastecimiento de agua, debemos realizar una reducción del 24 %”.

Nuevas visiones del agua y la sequía

El diario Los Ángeles Times presenta un excelente resumen deldebate celebrado por un grupo de expertos sobre los retos a los que habrá de hacer frente California para satisfacer sus futuras demandas de agua bajo condiciones de estrés e incertidumbre hídricas. El grupo llegó al acuerdo de que los problemas son serios y diversos: se estima que las reservas subterráneas del Valle Central han sido sobre-explotadas en más de 154 000 hm3 desde que se perforaron los primeros pozos hace más de un siglo, y se estima que sus demandas de agua superarán los suministros del río Colorado durante las próximas décadas. Entre los retos más destacados, el grupo de expertos indicó los siguientes:

1) un uso insostenible del agua subterránea, sobre el que la reciente ley de gestión de los acuíferos tardará años en hacer sentir sus efectos,

2) el trasvase de agua desde un delta empobrecido, con importantes reticencias por parte de los residentes del norte que no aceptan gustosamente cualquier solución que pueda significar un aumento de los caudales trasvasados,

3) una menor flexibilidad agrícola durante las sequías; mientras que hace unos años era posible comprar agua a los agricultores a cambio de que dejaran sus campos en secano, los cambios significativos efectuados en los cultivos, hacia otros mucho más rentables como los almendros, nueces y pistachos, han introducido una gran rigidez en la utilización del agua, en cuanto que estos cultivos necesitan una fuente estable de suministro de agua,

4) una menor fiabilidad del suministro de agua debida al cambio climático, en razón del menor espesor de nieve en las montañas, como forma de almacenar y regular las aportaciones de agua, planteando así el gran reto de cómo almacenar el agua que ahora pueda caer en forma de lluvia, durante episodios muy concretos,

5) la economía del uso más beneficioso el agua, planteando la cuestión de si tiene sentido exportar cultivos baratos al extranjero mientras que el agua utilizada para regarlos podría utilizarse de otra forma mejor en el estado; aunque el debate sobre la posibilidad de reglamentar el tipo de cultivos que podrían plantarse suscita grandes reticencias en los sectores agrícolas, conviene recordar un precedente próximo, el relativo a la exigencia legal introducida hace algunos años según el cual los promotores urbanísticos deben justificar que disponen de un abastecimiento de agua suficiente para sus proyectos. A todo ello habría que añadir otras posibles formas de estimular el uso eficiente del agua por parte de los agricultores.

El Congreso californiano sin acuerdos ante la sequía

El diario Los Ángeles Times describe muy bien la falta de acuerdo, incluso la parálisis, que reina entre los legisladores californianos ante las posibles medidas a adoptar para responder a la actual situación de sequía. Mientras que los agricultores contemplan sus campos abandonados al secano y los ciudadanos reducen sus duchas y arrancan sus parterres, los legisladores continúan en un estado parálisis, en el cuarto año de la sequía sin precedentes que afecta al estado. La comunidad legisladora tan fragmentada, a pesar de su tamaño e influencia, ha permanecido bloqueada por sus desacuerdos fundamentales sobre las causas de la sequía y el papel del gobierno federal para mitigar sus consecuencias. En cualquier caso, las recientes disputas no han hecho más que endurecer las posiciones, con cada parte cuestionando los motivos de la otra. “Todavía no he podido escuchar ni a los demócratas ni a los republicanos decir ‘éstas parecen ideas razonables’”, en palabras del gerente del Metropolitan Water District del sur de California. “Los dos partidos han estado atacando las propuestas del contrario”.

Los republicanos han impulsado los planes para trasvasar más agua hasta los agricultores tan afectados del Valle Central, entrando así en conflicto con los demócratas que son reticentes a continuar drenando los ríos del estado y ver recortados los esfuerzos para recuperar las especies piscícolas en peligro de extinción. Muchos demócratas están a favor de propuestas que dediquen más dinero para proyectos de ahorro y reutilización, con inversiones de 1 a 2 millardos de dólares durante unos pocos años para proyectos de desalinización, incentivos para productos que favorezcan la eficiencia del agua y la investigación, medidas todas ellas que los republicanos han criticado como inadecuadas y costosas. Algunos republicanos utilizan la expresión de “sequía antropogénica” y argumentan que las políticas diseñadas para proteger las poblaciones de especies piscícolas en peligro de extinción en el Delta están privando de agua a los agricultores, especialmente los que tienen derechos de agua de baja prioridad.

La mayor controversia surge de la visión tan diferente que tienen unos y otros sobre los efectos de sus propuestas en la Ley de Especies Protegidas. Mientras unos dicen que sus propuestas no tienen por objeto modificarla, otros replican que esas propuestas no hacen otra cosa que modificarla sustancialmente, en perjuicio de las especies protegidas. El problema de los republicanos y demócratas del Valle Central es que muchos demócratas, aunque orgullosos de gastar dinero en proyectos de largo plazo, no ven la necesidad de cambios dramáticos en las políticas promotoras de la protección ambiental en el Delta, a veces a costa de los trasvases de agua a los agricultores. Creen que el problema esencial para los agricultores es la falta de lluvia y no la política ambiental del gobierno.

La intensidad de la sequía estimula las reformas hídricas

El diario Los Ángeles Times recoge una interesante noticia sobre las propuestas cada vez más frecuentes que la intensa sequía está despertando entre los expertos. Con motivo de la entrada en vigor, el pasado 1 de junio, de las restricciones de agua en todo el estado, un grupo de expertos ha hecho un llamamiento sobre la necesidad de proceder a una remodelación de las infraestructuras hidráulicas y una reforma del anticuado sistema de derechos del agua. “Los embalses que construimos en California a lo largo del siglo XX estaban diseñados para un clima con unos notables espesores de nieve y unos períodos húmedos frecuentes” según un climatólogo californiano. “Hemos de reconocer que la sequía actual es una indicación de condiciones futuras y que el espesor de nieve tan inusualmente bajo de este año tiene muchas posibilidades de ser un valor normal a finales del presente siglo”.

La posibilidad de que las sequías en California y otros estados del oeste sean cada vez más frecuentes, debido al calentamiento global, obligan a los planificadores a explorar nuevos métodos de ahorro de agua. Entre las soluciones, cabrá explorar nuevas formas de capturan aguas de escorrentía, que puedan almacenarse en los suelos, las llanuras y los acuíferos. “No se trata de construir embalses cada vez más grandes y más altos” según el presidente de Ag Innovations, una organización sin ánimo de lucro para la sostenibilidad alimentaria. Por el contrario, el estado debería concentrarse en “retener y almacenar agua en todas partes del sistema, sean pequeñas lagunas, campos, proyectos urbanos y embalses de pequeño tamaño. El futuro es pequeño y distribuido”.

Por otra parte, un profesor de economía ambiental y de recursos de la Universidad de California en Berkeley indicó también que el sistema estatal de derechos del agua requiere una profunda actualización, aunque los legisladores no han mostrado “ningún apetito” por reformarlo. Entre los poseedores de derechos de agua más antiguos del estado figuran los denominados derechos ribereños, es decir, los que pueden extraer agua de un río o arroyo que discurre a través o a lo largo de sus tierras. Esos derechos datan de los años de la fundación del estado, en 1850. “Los derechos ribereños son totalmente disfuncionales en una zona árida. Todos los demás estados del oeste los han abolido, a medida que se han ido progresando”. La capacidad de California de controlar la actual sequía tiene unas amplias implicaciones nacionales, en palabras de un grupo sin ánimo de lucro dedicado a la promoción de prácticas empresariales sostenibles. “California es líder nacional en agricultura, manufactura y turismo a la vez que es uno de los mayores exportadores internaciones”. “La sequía y las consiguientes disfunciones en la gestión de los recursos hídricos amenaza la vitalidad económica de California y de muchos otros”.

Legislación complementaria sobre los cursos de agua

El gobierno federal de los EEUU ha completado una nueva reglamentación dirigida a proteger los arroyos, ríos y humedales que proporcionan agua de consumo humano a más de 117 millones de ciudadanos. La nueva reglamentación ampliará las previsiones de la Ley del Agua Limpia a todos los afluentes por los que circule agua. Esos arroyos y humedales pueden tener un efecto crucial en la calidad de las aguas superficiales situadas aguas abajo, ya que “para que el agua de consumo humano esté limpia, los arroyos y humedales de los que se alimenta han de estar limpios también”, de acuerdo con la Directora de la Agencia federal de protección ambiental (USEPA).

Mientras los grupos ambientalistas aplauden los cambios, los grupos agrícolas, los promotores de suelo urbano y otros colectivos los rechazan, argumentando que estas normas federales sobre humedales y lagunas interiores exceden el alcance de sus competencias tradicionales. La nueva normativa debería entrar en vigor 60 días después de su publicación, pero los congresistas críticos con la medida han manifestado que la bloquearan y los oponentes de la misma han declarado que plantearan demandas judiciales para contrarrestar muchas de sus contenidos. Los congresistas republicanos has expresado su preocupación por la medida: “El decreto para ampliar de forma unilateral la autoridad federal es una sustracción burda y tiránica que acarreará la pérdida de puestos de trabajo”. El gobierno federal indica que la iniciativa trata de clarificar ciertas ambigüedades de la Ley del Agua Limpia, como la surgida tras una sentencia del Tribunal Supremo en la que se concluía que la ley impide los vertidos ilegales en arroyos y humedales conectados a aguas navegables, pero en la que no se definía el significado de “conexión”.

Hasta la aprobación de la nueva norma, casi un 60% de los arroyos y millones de hectáreas de humedales quedaban fuera de la protección de la Ley del Agua Limpia. Uno de cada tres americanos y más del 90% de los residentes en el condado de Los Angeles consumen agua de este tipo de fuentes, que no gozan de una protección efectiva de la ley. La norma habría de tener un efecto significativo en California, a la vez que disipará muchos de los temores manifestados por agencias del agua del estado, ante la posibilidad de que fuera a imponer unas restricciones muy exigentes sobre los canales de riego, las lagunas de retención de escorrentía, los centros de reutilización del agua y los humedales construidos, que según la Agencia Federal quedan fuera del alcance de la nueva norma.

15 de junio del 2015

Fuente: Iagua

Rafael Mujeriego