“La ganancia prevista en Monterrey VI es razonable”: Recsa

24 abril 2015

Humberto Armenta, presidente de Recsa. Foto Archivo EE: Gilberto Marquina

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Las obras del acueducto Monterrey VI comenzarán este año, en cuanto se terminen detalles técnicos y financieros del contrato y los créditos. Humberto Armenta, presidente de Recsa, una de las compañías que conforman el consorcio constructor, expuso: “La oposición al proyecto está enmarcada en la competencia electoral”.

Humberto Armenta reconoce la importancia de transparentar el proyecto, incluso los costos y beneficios potenciales de los empresarios; el costo total del proyecto es de 14,161 millones de pesos. Los flujos futuros, a lo largo de los 27 años que dura la concesión, da los 47,000 millones de pesos de los que hablan los críticos del proyecto. “Los habitantes de Monterrey no pagarán más por el agua, como consecuencia de la obra. Los empresarios ganaremos dinero, si logramos hacer las cosas de la forma más eficiente posible. Estamos asumiendo riesgos”, expresa.

Agua y Drenaje de Monterrey pagará 7.93 pesos por metro cúbico de agua. Con los recursos que obtenga a futuro pagará la inversión, así como los intereses de la deuda que se va a contratar como el rendimiento requerido. El consorcio pone directamente 2,000 millones de pesos. El Fondo Nacional de Infraestructura pone 3,000 millones de pesos a fondo perdido. Hay un financiamiento bancario que aportaría 9,000 millones. Los concesionarios mantienen las negociaciones con los bancos.

La mezcla del componente de capital de todos los recursos da un rendimiento de 15% sobre la inversión, “un número razonable si se toma en cuenta que el riesgo lo corren los constructores”, dice Armenta. “Si la obra dura más o cuesta más de lo que se calcula, el consorcio pierde, porque los flujos ya están establecidos por los 27 años de la concesión”, detalla.

Monterrey VI es parte de un sistema completo de tratamiento, distribución y potabilización de agua. Recsa y Desarrollos Rogar han trabajado con Agua y Drenaje de Monterrey, son el componente local en construcción; ICA aporta experiencia y tiene acceso a capital de mercado, experiencia técnica, financiera y legal; Grupo Higa tiene experiencia en concesiones y asociaciones público-privadas y en relaciones con el gobierno.

Se está trabajando en un esquema financiero donde están bancos de desarrollo como Banobras, Nafin y NadBank, privados como Banorte y Santander, y otros que quieren participar.

El contrato aún no entra en vigor porque depende de dos condiciones: la liberación del derecho de vía, se tendría hasta 40% de los predios más difíciles de conseguir, el resto está adquirido y son derechos de vía de la CFE, SCT o del ferrocarril, y la entrada en vigor del crédito de los bancos.

El precio de 7.93 pesos por metro cúbico es lo que pagarán por su agua, el organismo de agua lo vende entre 10 y 30 pesos, de acuerdo con sus tarifas. Ellos la extraen de pozos, la almacenan en presas, la venden y la cobran con eficiencia, que es casi de 80%, una de las más altas del mundo.

El proyecto ha sido cuestionado desde un principio, reconoce Armenta. “El primer cuestionamiento era sobre la necesidad de traer agua de fuera del estado… Luego se dijo que el río Pánuco estaba contaminado. Ahora se habla del costo y de los recursos públicos. Es un proyecto necesario que no sería viable sin la aportación de recursos públicos”, sostiene Armenta.

El empresario, que fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, enfatiza que el proyecto ha pasado por tres administraciones federales. Se diseñó en el gobierno de Vicente Fox; la asignación del título de aguas nacionales, el registro ante la SHCP y la Manifestación de Impacto Ambiental se obtuvieron en el gobierno de Felipe Calderón, pero la presentación de la viabilidad del proyecto bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), así como las bases de licitación se hicieron en el presente sexenio.

“Una cosa es muy importante: cualquiera que sea el gobernador tiene que abastecer de agua a Monterrey, y reiniciar este proyecto implicaría duplicar los años que ya lleva este proceso”, manifestó.