Sin embargo, el éxito en movilizar el potencial del agua para el desarrollo viene de la mano de barreras significativas de gobernanza y numerosos desafíos. Junto al crecimiento de la población (un 53% desde 1960) y del valor de la producción (se ha multiplicado por seis desde 1960), la demanda de agua también ha aumentado (un 52% desde 1970 y hasta 2012) y, en algunas cuencas como el Segura, es ahora mayor que los recursos disponibles a largo plazo (se estima que en 15 años habrá un déficit superior al 30%). Actividades económicas clave para el país son cada vez más dependientes de un suministro estable de agua y muchísimo más vulnerables a variaciones en las precipitaciones como las que padecemos ahora.

Adicionalmente, la crisis económica y la consolidación fiscal reducen la posibilidad de financiación de nuevas obras y de medidas de emergencia contra las sequías. La escasez estructural de agua empeora y los impactos de las sequías se amplifican por el cambio climático. Las cosas no mejorarán en absoluto en los próximos años, salvo que se adopten las medidas necesarias. El potencial de las respuestas tradicionales, como almacenar o trasvasar más agua, está prácticamente agotado.

¿Por qué aumenta la escasez y nuestra vulnerabilidad frente a sequías como la actual? Hay un factor meteorológico. Excepto en la vertiente norte y algunas zonas en el centro del país, España es un país esencialmente árido, con escasos recursos hídricos disponibles por unidad de superficie o por habitante. A ello se añade una alta variabilidad entre años secos y húmedos, a veces superior al 100%.

Me gustaría poner el énfasis en un segundo factor: hay poderosos incentivos (perversos) en la economía que conducen a un mayor uso de agua en el corto plazo. El agua es el factor limitante para movilizar otras ventajas comparativas para el turismo, la agricultura, el desarrollo energético, la construcción o el sector industrial.

Hay un tercer factor no menor: un fallo de gobernanza al no coordinar decisiones individuales de los usuarios de agua con objetivos generales. Todas las evaluaciones de nuestra respuesta a la escasez y la sequía coinciden en su limitado impacto: el desempeño de los trasvases no cubre las expectativas (ni para cuencas cedentes ni receptoras); el éxito de los programas de eficiencia ahorra agua en parcela, pero no siempre de modo agregado en las cuencas; el desarrollo de fuentes alternativas (reutilización, desalación…) no tiene incentivos financieros para hacerlas competitivas… Casi todas esas medidas demandaron un ingente esfuerzo inversor, pero ahora no nos protegen suficientemente del riesgo de sequía.

Crece así la demanda de agua al tiempo que de respuestas públicas: para emplear toda el agua disponible (incluyendo el mantenimiento de caudales ecológicos), para resolver déficits locales y regionales difíciles de compatibilizar en el ámbito nacional y para extraer volúmenes adicionales en aquellos recursos que no están bajo estricto control público (agua subterránea). Sigamos hablando de la vida interna de los partidos o demandemos que los partidos hablen en la frontera del futuro para que lo importante no sea eclipsado por lo acuciante.

Gonzalo Delacámara es director académico del Foro de la Economía del Agua y coordinador del departamento de Economía del Agua de IMDEA Agua.