El pasado 21 de julio, recuerda Gjerde, los delegados de Naciones Unidas, en una discreta reunión sin cámaras de televisión en Nueva York, tomaron la decisión de recomendar a la Asamblea General que comience, “lo antes posible”, unas negociaciones hacia un tratado internacional para proteger la biodiversidad en alta mar.

“Naciones Unidas ha pasado una década discutiendo si necesitábamos un nuevo tratado. Ahora están negociando cuándo comenzará el proceso formal de consultas. Cuando empiece, pueden pasar dos, tres, cuatro o cinco años hasta que podamos designar áreas marinas protegidas en alta mar”, lamenta Gjerde.

Su organización, la UICN, está formada por 218 Estados y agencias gubernamentales y más de 1.100 ONG. La abogada sabe que en Naciones Unidas la batalla será sangrienta. “Es un proceso muy político. En la Antártida, hubo una negociación muy dura con Rusia y China para poder designar áreas marinas protegidas a través de organizaciones internacionales de gestión pesquera”, alerta. “Las mayores potencias de pesca, minería y transporte marítimo presionan para defender sus intereses. España, por ejemplo, tiene reputación, en algunos lugares, de no aplicar la ley a sus buques pesqueros. Ningún país es solo bueno o solo malo”, sostiene.

El año pasado, por ejemplo, una jueza de la Audiencia Nacional envió a prisión a seis miembros de la familia coruñesa de armadores Vidal Pego, por la presunta pesca ilegal de merluza negra durante años en aguas antárticas. Los supuestos piratas tardaron 24 horas en pagar la fianza fijada de 600.000 euros. Pocos años antes, recibieron millones de euros en subvenciones españolas a la pesca.

En el congreso de Chile, la oceanógrafa Beth Pike ha agitado el fantasma de la llamada “tragedia de los comunes”, un dilema propuesto en 1968 por el filósofo estadounidense Garrett Hardin. Se trata de una situación en la que los individuos de un grupo, actuando de manera independiente, acaban por agotar un recurso compartido aunque esta desaparición no beneficie a ninguno de ellos a largo plazo, según ha explicado Pike, del Instituto de Conservación Marina, una organización sin ánimo de lucro con sede en Seattle (EE UU).

Los oceanógrafos suelen decir que el fondo del mar se conoce menos que la cara oculta de la Luna. Mauricio Gálvez, jefe de investigación en el Instituto de Fomento Pesquero de Chile, ha subrayado este otro problema: lo que se desconoce no se puede proteger. “En la actualidad, para un país como Chile no hay incentivos directos económicos o sociales para llevar a cabo investigaciones científicas en alta mar”, ha lamentado en una exposición en La Serena.

Gjerde recuerda que es una pelea contra el reloj: “La Comisión de las Pesquerías del Atlántico Noreste monitoriza cada barco pesquero en la región y asegura que ya no hay pesca ilegal en la zona, pero en el Pacífico no hay nadie mirando. Los países no tienen ni el dinero ni la tecnología. Con el nuevo acuerdo internacional, podríamos vigilar los océanos a escala global”.