México no está preparado para ejercer el derecho humano al agua: Conagua

20 mayo 2015

Esta elevación de rango constitucional del derecho al agua establece además que el Estado lo garantizará “y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

No obstante, el dictamen de Ley General de Aguas aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora se discute en el Senado, contrapondría lo anterior puesto que señala que “es obligación de las autoridades garantizar el derecho humano al agua de los asentamientos humanos”, para lo cual establece un mínimo vital de 50 litros diarios por persona —la Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de entre 50 y 100 litros—, no obstante investigadores y sociedad civil han alertado que el derecho humano al agua corresponde a las personas y no a los asentamientos humanos.

Por otra parte, afirman que el concepto de asentamientos humanos implica condiciones donde la dispersión territorial de muchas localidades rurales e indígenas las dejaría fuera de esta definición. Es por esto que el derecho humano al agua, establecido ya en la Constitución, es un tema toral en la discusión y debate sobre el dictamen de esta Ley General.

En este escenario, Roberto Ramírez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo recientemente que el país “no está preparado para ejercer el derecho humano al agua”.

Durante el ciclo “Los problemas nacionales y el derecho. Acceso al agua”, realizado en El Colegio Nacional en días pasados, apuntó que este derecho debería ser progresivo porque cumplirlo de un día para otro no es posible.

En el ciclo, coordinado por José Ramón Cossío, miembro del Colegio y ministro de la Suprema Corte de Justicia, el funcionario planteó que si no existe una Ley General de Aguas la manera de aplicar el 4° constitucional en materia de agua sería mediante la promoción de un juicio de amparo donde se exija su cumplimiento. Entonces, explicó, el órgano jurisdiccional judicial decidirá cómo cumplir ese derecho hasta que haya reglas y promoverá resoluciones heterogéneas.

“Por eso necesitamos una legislación en materia de aguas que materialice este derecho humano al agua, fijando principios y competencias en los tres órdenes de gobierno para que ayuden en su cumplimiento”.

Por otra parte, la doctora María del Carmen Carmona, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en legislación del agua y medio ambiente, matiza lo expuesto por el funcionario.

“No es que el país no esté listo para ejercer el derecho humano al agua, sino Conagua y la Federación. Cuánto tiempo más necesitan para aplicar las reformas si ya están tres años retrasados con respecto a su publicación”.

En entrevista posterior al ciclo del Colegio, la académica enfatiza que el problema es que se carece de una política hidráulica y la inacción de Conagua es latente, y si los estados y municipios tampoco están listos, entonces “¿esperaremos a que las empresas extranjeras lo hagan?”.

Por su parte, Raúl Mejía Garza, especialista en derecho ambiental, reconoció que no se puede cumplir el acceso universal al agua “de golpe y porrazo” y hasta que se pueda ejercer con infraestructura y una política que la garantice, los jueces deberán cubrir estas fallas. “Pero la resolución dependerá en cada caso e individuo, por lo que un juez no puede establecer una política general de acceso al agua”.

Durante el ciclo en El Colegio Nacional, criticó el establecimiento del mínimo de 50 litros en el abastecimiento diario del líquido que plasma el dictamen. “El mínimo deberían ser 100 litros y no 50 en cumplimiento del artículo 1° de la Constitución: si hay un rango mínimo debe ser aquel que proteja mejor a la persona. El rango mínimo no puede ser el mínimo del mínimo, sino el máximo del mínimo”.

DISCUSIÓN. La Ley General de Aguas se mantiene en el Senado, donde se realizó una pausa para continuar su discusión. “Esta ley es un tema grande y muy importante que podría generar dificultades en la gobernabilidad, por lo que es bueno que la ley se haya detenido para una mayor discusión”, dijo el ministro Cossío.

Si bien científicos, académicos y sociedad civil habían presentado anteriormente una iniciativa de ley ciudadana de aguas que fue soslayada desde la Cámara de Diputados, Carmona Lara enfatiza que se mantienen las alternativas democráticas para llevar este debate a buen fin. “Pero no se debate la pertenencia del agua, sino cómo se gestionará o a quien se le concesionará”.

En lo que coinciden académicos es que el dictamen no puede quedarse como lo aprobó el Congreso de la Unión, pero no significa que sus cambios sean mejores necesariamente. “El dictamen es malo, pero si pretenden parcharlo es peor”.

La investigadora, quien asesora a organizaciones civiles y legisladores sobre el tema en el ámbito legal, apunta que en conversaciones con el diputado Kamel Athie Flores, se vislumbra el mismo dictamen con sólo algunos cambios. “La esencia del dictamen parece ser la misma y aunque el problema es que no saben cómo gestionar el agua en el país, ciudadanos investigadores pensamos que hay modelos que podríamos seguir”.

19 de mayo de 2015
Fuente: La Crónica de Hoy
Nota de Isaac Torres Cruz