Los decretos presidenciales que liberan la explotación de cuencas generaron el rechazo de diputados y senadores, quienes señalaron que las medidas responden a la exigencia de trasnacionales que en los diálogos con la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados siempre exigieron certeza jurídica en el uso del líquido para los contratos de extracción de hidrocarburos.ingún derecho al uso del agua vigente.

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