Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional legislativa, tranquilizó al movimiento indígena, al proponer la realización de una “consulta pre-legislativa no vinculante” a los pueblos y nacionalidades originarios, que postergó por unos meses la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos y Usos y Aprovechamiento del Agua.

La propuesta, contemplada en la Constitución vigente desde 2008, condujo a las organizaciones indígenas a suspender temporalmente las protestas y el bloqueo de carreteras, con que por dos semanas se enfrentaron a la llamada ley de aguas en siete de las 24 provincias.

El martes 18, el Consejo Nacional Electoral destacó que ésta sería la primera consulta de su tipo en el mundo, mientras que la Corte Constitucional ratificó que su realización es obligatoria dado el contenido de la ley, pero no el acoger sus resultados porque el principio de participación no está sobre la legitimidad democrática del Poder Legislativo.

Y ahí está el germen de un probable recalentamiento de la crisis entre el gobierno y las tres principales centrales indígenas promotoras de la oposición a la ley: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas de Ecuador.

Los dirigentes indígenas ya reclamaron que la consulta debe ser vinculante y que en ninguna parte de la Constitución se dice lo contrario.

Según cómo se los mida, los indígenas son entre 800.000 y 2,8 millones, en un país con una población de 13,8 millones. Las organizaciones indígenas sostienen que suman 35 por ciento de ese total, pero en el Censo de Población de 2001 solo seis por ciento se identificó como indígena.

En cualquier caso, la capacidad organizativa del movimiento indígena despierta admiración en observadores locales e internacionales y se demostró nuevamente con las protestas que forzaron la consulta y la suspensión de la aprobación de la ley. Ecuador integra una subregión, la andina, que es considerada una potencia hídrica mundial y, de hecho, según datos de las Naciones Unidas dispone de 40.000 metros cúbicos de agua al año por habitante, contra 3.200, 2.000 y 900 metros cúbicos de Asia, Europa occidental y África del Norte, respectivamente.

Según pudo establecer IPS, las organizaciones indígenas plantean seis propuestas para incorporar a la ley que se contraponen abiertamente a su texto actual.

La primera es la exigencia de que se mantenga de manera estricta la prelación del destino del agua establecido en la nueva Constitución, que comienza por consumo humano y sigue por el riego con fines de defensa de la soberanía alimentaria, esto es la producción de alimentos para el autoabastecimiento interno.

Después la Constitución coloca el caudal ecológico (la cantidad mínima de cualquier curso de agua para garantizar la vida del ecosistema), y concluye con el aprovechamiento productivo.

Los dirigentes indígenas más radicales tienen una lectura literal de este punto: se oponen a que el agua se emplee en la agricultura para exportación, en la acuicultura y en la minería, lo que ha sido rechazado en las discusiones en la Asamblea y ha levantado serias preocupaciones en los sectores productivos clave de Ecuador, como los de las flores, banano y camarones.

El segundo contencioso se deriva del anterior y tiene que ver con la minería, actividad que demanda ingentes cantidades de agua y es altamente contaminante.

La posición de los indígenas es contraria a cualquier explotación minera, mientras el gobierno tiene vivo interés en desarrollarla y acaba de renovar todo el marco legal y los permisos mineros. Gracias a ello, se reinició la exploración de cobre y oro en el sur y suroriente del país.

Esto desemboca en un tercer punto: desde el primer borrador de la ley, la Conaie siempre acusó al Ejecutivo de mantener la privatización del agua.

El repetido argumento se contradice con el hecho de que en Ecuador el agua es un “bien nacional de uso público” desde 1972 y se permite su uso tanto al sector público (empresas municipales de agua potable, por ejemplo) como al privado, pero solo mediante concesiones que otorga el Estado.

Las organizaciones indígenas, junto con las juntas de regantes, las comunitarias y las autoridades locales, claman por una modificación del sistema. Y es lo que ordenó la Asamblea Constituyente: un inventario nacional de recursos hídricos, para volver a dar permisos (ya no concesiones) que se renovarían cada dos años.

Y aquí viene el cuarto contencioso: cómo se constituye la Autoridad Única del Agua, de la que habla la Constitución que va a decidir en el futuro los permisos y los conflictos.

¿Un Secretario Nacional del Agua, cuyo titular es nombrado por el presidente, con rango de ministro, como propone el Ejecutivo, o un Consejo Plurinacional, integrado por una mayoría de delegados indígenas y comunitarios y minoría gubernamental?

El quinto punto es la exigencia de que se imponga una tarifa mínima vital gratuita al agua. Pero este tema choca con lo que proponen los sistemas comunitarios de agua, en los cuales hay mestizos e indígenas.

En Ecuador existen unos 10.000 sistemas comunitarios de agua autogestionados. De éstos, 7.000 son de consumo humano (la mayoría de las veces simple agua entubada, sin tratamiento) y 3.000 de riego, según datos del no gubernamental Foro de Recursos Hídricos.

Estos sistemas proveen, en promedio, 15 metros cúbicos por familia al mes y cobran entre un dólar y 1,50. Si se impone la gratuidad, como plantea la Conaie, quebrarían.

El sexto punto es que la dirigencia indígena busca que se pague a las comunidades para mantener ciertas áreas en los páramos andinos como reservas de producción de agua.

Con la consulta, el presidente izquierdista Rafael Correa podría apelar directamente a las bases de la minoría indígena de Ecuador, sobrepasando a los dirigentes étnicos, que fueron sus aliados para llegar al poder en 2007, pero cuya relación comenzó a fracturarse en 2009 y a los que ha descalificado repetidamente las últimas semanas.