Al participar como expositora en la sesión semanal del Grupo 21, la investigadora asociada al Cuerpo Académico en Agua y Ambiente de la Universidad Autónoma de Baja California, explicó que en febrero del 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución.

 

Tal modificación estableció como un Derecho Humano el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La reforma hizo necesario establecer una nueva legislación en esa materia.

 

En su exposición la investigadora habló de la importancia de la participación social en el manejo de los recursos hidráulicos en el país, de promover una política más democrática en ese tema y en contra de la centralización administrativa gubernamental y la privatización de los bienes hídricos.

 

Bien público

Debe aplicarse asimismo-dijo Villada Canela- una política pública con una visión integral, en la cual se consideren los aspectos jurídicos, técnicos y sociales de los recursos hídricos, considerando al agua como un bien público y no como un objeto de lucro.

 

Agregó que paralela a la Ley General de Aguas -que se encuentra actualmente suspendida-, se generó una propuesta que plantea el exigir una mayor eficacia, transparencia y credibilidad de los sistemas operadores del agua, asimismo establecer sistemas efectivos de vigilancia, inspección, contraloría y defensoría del recurso y que combata la impunidad en el mal manejo de los bienes hídricos.