Nueva política frente al Silala

27 abril 2011

27 de abril de 2011

Por Ramiro Prudencio Lizón

Luego de las declaraciones de un alto personero de la Cancillería nacional, respecto a que nuestro país tendría derecho a usufructuar las aguas del Silala, se ha determinado que una comisión encabezada por la Gobernación de Potosí visite la zona con objeto de estudiar in situ la posibilidad de utilizar esas aguas en beneficio de la población potosina.

Pero causa extrañeza de que el Gobierno no se hubiese informado de los diferentes estudios, donde se demuestra la gran dificultad que existe para poder aprovechar dichas aguas. Ni siquiera es fácil llegar a ese acuífero por el lado boliviano. Las delegaciones nacionales que lo visitaron se encaminaron, por lo general, por territorio chileno. De todos modos, es positivo que esa comisión conozca las aguas del Silala para que Potosí tenga mayor tuición y conocimiento de ese recurso que, si se negocia bien con Chile, podría constituirse en un buen ingreso para ese departamento.

Existe un preacuerdo entre Chile y Bolivia para solucionar el problema del Silala. En él se ha estipulado que, en principio, el primero pagaría por el 50% de las aguas. Luego se conformaría una comisión mixta para estudiar cuánta más agua pertenecería al segundo. Lo que no se ha definido es el precio de las aguas. Sólo se ha establecido que Bolivia negociaría con las empresas usuarias el monto a pagar. Esto es absurdo, porque el acuerdo es entre Estados y es el Gobierno de Chile quien debiera comprometerse al pago y al precio de las aguas.

Últimamente, periodistas nacionales visitaron Calama y otras poblaciones cercanas al Silala. Allí fueron informados que la empresa del ferrocarril, administradora de las aguas, las vende a empresas mineras en un monto mayor a $us 50 millones. Entonces, ¿cómo es posible que el Canciller boliviano hubiese expresado que sólo se recibirían 17.000 dólares diarios, es decir, $us 6 millones anuales, por el 50% de las aguas? Lo lógico sería que se hiciese comprender a Chile que los precios irrisorios que se han considerado sólo servirán para exasperar al pueblo boliviano, sobre todo al potosino, que lo determinaría a buscar otras soluciones, como el desvío de las aguas, lo cual produciría un serio perjuicio a Chile y muy poca ganancia a Bolivia.

Existe por otra parte el empecinamiento dogmático de considerar que todas las aguas del Silala pertenecen a Bolivia. Posiblemente gran parte de las mismas sea nacional, pero no se puede negar que algo de ellas habría llegado a Chile en forma natural, aunque no hubiese el canal.

Es necesario tener presente que existen algunos documentos que avalan que el Silala era un riachuelo antes de la construcción del canal artificial. El principal sería el mapa adjunto al Tratado de Paz de 1904 y donde se habla del río Silala. En consecuencia, una política encaminada al desvío unilateral de las aguas del Silala no beneficiaría al país pero sí crearía un serio problema internacional. Por ello, es menester mantener la negociación con Chile hasta lograr un fin satisfactorio, que permitiese el aprovechamiento chileno de las aguas del Silala, pero dando a Bolivia una adecuada compensación.

Se debería fijar para este fin el porcentaje de aguas que corresponden a Bolivia (como mínimo 80%), tomando como base el hecho de que fue necesaria la construcción del canal artificial para que bajaran aguas con algún caudal utilizable. Luego habría que estudiar el precio de las aguas, tomando como padrón el costo de ellas en Antofagasta y Calama.

De este modo, se podría llegar a un arreglo que definiese una justa y digna compensación por el usufructo chileno de las aguas del Silala, y que serviría para reiniciar entendimientos bilaterales, muy necesarios también para lograr posteriormente la solución del problema marítimo nacional.