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Oaxaca- Desde Oaxaca, pueblos indígenas exigen que Ley General garantice su derecho a decidir sobre el agua y sus territorios (Flor y Canto)

*Autoridades comunitarias, defensoras y organizaciones demandan que la legislación reconozca la gestión comunitaria, las características hidrológicas específicas de los territorios que habitan los pueblos para su protección y evitar retrocesos en derechos ya conquistados.

Juchitán, Oaxaca, 20 de septiembre de 2026.– El agua no puede ser tratada como una mercancía ni las decisiones sobre los territorios indígenas pueden tomarse sin los pueblos. Con este llamado, autoridades comunitarias y agrarias, defensoras y defensores del territorio y organizaciones de la sociedad civil exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos garantice plenamente el derecho colectivo al agua, al territorio, a la libre determinación y a la autonomía.

Reunidos los días 19 y 20 de septiembre en Juchitán, Oaxaca, durante el encuentro nacional “Hacia una propuesta de Capítulo Normativo sobre Derecho al Agua de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, participantes provenientes de comunidades indígenas de Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Estado de México exigieron que la iniciativa de Ley incorpore y reconozca el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a participar y decidir sobre las aguas, bienes comunes, obras y proyectos que afectan sus territorios.

Las organizaciones convocantes —la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; ASER Litigio y el Instituto Jurídico de Autodeterminación Indígena— señalaron que la nueva legislación representa una oportunidad para incorporar garantías efectivas del derecho al agua que la Ley de Aguas Nacionales le ha negado a las comunidades de forma histórica.

El agua, bien común, no mercancía.
Uno de los planteamientos centrales del encuentro fue que la Ley General reconozca plenamente los sistemas comunitarios de gestión, administración y cuidado del agua, así como las formas propias de organización y toma de decisiones de los pueblos. Esto implica proteger manantiales, ríos, acuíferos y otras fuentes de agua vinculadas histórica, cultural y territorialmente con las comunidades, así como garantizar su participación efectiva frente a concesiones, autorizaciones, obras y proyectos que puedan afectarlas.

“Nos encontramos frente a una disputa global entre dos visiones: quienes entendemos el agua como un bien común y quienes pretenden convertirla en un producto que puede mercantilizarse. Lo que buscamos es que la nueva ley represente nuestras voces y garantice los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”, señaló Maira Olivo Paz, abogada especialista en derecho indígena y coordinadora del programa Tierra y Territorio de Fundar.

Durante el encuentro también se expresó preocupación frente a proyectos extractivos y de infraestructura impulsados en diferentes regiones del país.

“Nos preocupan el impulso al fracking, los proyectos de extracción de hidrocarburos, las zonas de sacrificio, las presas y los trasvases presentados como grandes soluciones, mientras se deja de lado el cumplimiento de la legislación ambiental, la transparencia y la viabilidad técnica. Al mismo tiempo, son las propias comunidades las que continúan sosteniendo el abasto y el cuidado del agua sin un apoyo eficaz del gobierno”, expresó Nadir Hernández Quiroz, coordinador de Proyectos del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto.

Otro de los puntos centrales fue la exigencia de que la nueva Ley General adopte un concepto amplio de territorio indígena. Las y los participantes advirtieron que los derechos territoriales colectivos no pueden depender exclusivamente de la existencia de títulos de propiedad agraria o privada.

Las organizaciones demandaron que la nueva legislación observe estrictamente los principios de progresividad y no regresividad. Esto significa, señalaron, que la Ley General deberá armonizarse con los derechos establecidos en la Constitución, la legislación nacional, las resoluciones judiciales y los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Las organizaciones enfatizaron que la participación indígena en la elaboración de la nueva legislación no puede reducirse a la realización de reuniones o asambleas sin consecuencias en el contenido final de la iniciativa. “La ley debe construirse con los pueblos y desde los pueblos”, señalaron.

Por ello, solicitaron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) establecer un mecanismo público de trazabilidad que permita conocer con claridad qué propuso cada asamblea, comunidad o mesa de trabajo; cómo fue sistematizada cada propuesta; cuáles planteamientos fueron incorporados a la iniciativa de ley; cuáles fueron descartados; y cuáles fueron las razones para excluirlos.

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