Obligación del Estado procurar agua sana a sus pueblos, advierte el TLA

12 octubre 2007

La Jornada
2007-10-12 9:40 am

 

Concluyó hoy la cuarta sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) con la esperanza de que sus resolutivos y recomendaciones coadyuven en las luchas que poblaciones de México, Chile, Perú y Honduras sostienen para que su derecho a agua limpia y un medio ambiente sano se cumpla y sea protegido por las autoridades por encima de los intereses económicos.

Durante los trabajos del organismo internacional en esta ciudad se presentaron siete casos de contaminación y sobrexplotación de acuíferos, cuatro de ellos relacionados con actividades mineras y tres por asentamientos humanos y actividades industriales.

Phillippe Texier, presidente del jurado que sesionó durante cuatro días en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, aclaró a los denunciantes que las recomendaciones del TLA no significan el fin, sino el seguimiento de su lucha social, y los invitó a continuar ejerciendo presión, porque el Estado debe procurar agua sana a sus pueblos y protegerlos. “Tuvimos testimonios de una realidad muy dura; esto será una gota más de agua para quienes no tienen acceso a un líquido potable y aceptable”, dijo.

En los cuatro casos mexicanos expuestos, referentes a afectación del acuífero Chalco-Ameca por la construcción de proyectos inmobiliarios en el valle de México; posible contaminación del pozo El Calvario, ubicado en Cuautla, Morelos, por la operación de la gasolinera

Milenium 3000; amenaza a los recursos hídricos en el municipio del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, por la Minera San Xavier, y los daños a la salud que sufren los pobladores de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, por la excesiva contaminación del río Santiago, el jurado del TLA asentó que la falta de coordinación eficiente entre las autoridades federales, estatales y municipales ha impedido la aplicación efectiva de las normatividades ambientales para una gestión sustentable de los acuíferos y ha propiciado la elusión de obligaciones institucionales.

En el caso de la contaminación del río Santiago – que lleva 30 años– y los daños a la salud de los habitantes de Juanacatlán y El Salto, el TLA responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno por el “alarmante” deterioro de la cuenca y los efectos en la salud y las condiciones de vida de la población de dichos municipios, y los instó a que acuerden los términos para una posible declaratoria de emergencia sanitaria en la zona.

También les recomendó elaborar un estudio epidemiológico e interdisciplinario, independiente y participativo para analizar los daños a la salud de los habitantes; que los consejos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico discutan sobre la degradación del río y se le relacione con los problemas de salud pública; se apliquen medidas de atención médica especializada y se realicen monitoreos constantes en los principales corredores industriales de dicha cuenca.

Para los casos de Cuautla y Cerro de San Pedro, el jurado recomendó suspender las actividades de la gasolinera Milenium 3000 y de la Minera San Xavier, ligada a la empresa canadiense Metallica Resources, por lo que acordó notificar del veredicto al gobierno de Canadá para que promueva mecanismos de vigilancia, indemnización y reparación de los daños causados por las empresas de ese país que realicen actividades en el extranjero. También recomendó la adopción de mecanismos de indemnización por los impactos causados en los sistemas hídricos y el ambiente.

Sobre Cuautla, sostuvo que las autoridades no velaron por el interés intergeneracional de la población, y desestimaron la aplicación del principio precautorio, el cual debe ser incorporado en todos los procesos de evaluación de impacto ambiental.

 

Sitio Web (URL) http://www.jornada.unam.mx/2007/10/12/index.php?section=sociedad&article=049n2soc

Autor(es) Matilde Pérez U.
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