En el Paraguay, las sequías que sufrimos recurrentemente durante la última década, han requerido durante los tres últimos años una erogación anual adicional de unos US$ 70 millones, la que hasta ahora en gran medida estamos absorbiendo solos, comunidades y Gobierno, aunque apreciamos el apoyo recibido de algunas naciones amigas y entidades solidarias.

Al mismo tiempo, debemos enfrentar cada vez más frecuentes fuertes tormentas que causan graves daños a los cultivos y a las viviendas en comunidades muy vulnerabilizadas. La producción de alimentos y el agua están amenazadas.

De hecho, la sucesión de eventos extremos derivados de las fuertes alteraciones del clima generan un escenario de emergencia social y ambiental cada vez más prolongado y frecuente en el Paraguay.

Los cambios climáticos son el resultado de un modo de producción, distribución y consumo basados en la explotación voraz de los bienes naturales. Este modelo insustentable, considera a la naturaleza, a los bienes comunes como el agua, la tierra, el aire, los bosques, las semillas, recursos a ser infinitamente explotados y privatizados.

El combate al cambio climático no es solo una lucha por la supervivencia de nuestro planeta, también es una lucha por la justicia socioambiental mundial.

Los costos financieros, sociales y ambientales de las emergencias climáticas que debemos enfrentar, se elevan de manera exponencial, y van en proporción directa a los compromisos no cumplidos por los países desarrollados.

Los últimos informes científicos no solo nos dicen que los gastos de adaptación serán muy superiores a los que se habían pronosticado hace sólo 2 años por el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC); también nos dicen que el calentamiento de la atmósfera ha hecho que en la Tierra se estén alcanzando elevados niveles de inseguridad.

Con el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones para evitar el cambio climático, los países industrializados no solo soslayan los mandatos del Convenio, sino que también quebrantan principios básicos del derecho internacional, como el de la responsabilidad de no causar daños graves a los territorios de otros Estados. En consecuencia, se ha creado una gran deuda socioambiental, que sigue creciendo, de los principales países productores de gases de efecto invernadero hacia los países en vías de desarrollo. Reconocer y honrar esta deuda, permitirá la sustentabilidad del desarrollo y el bienestar de las generaciones actuales y las generaciones futuras de nuestros pueblos.