Hermosillo, Son.-  Casi seis meses después del derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado al río Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, comerciantes, agricultores y ganaderos de los siete municipios afectados ven aún lejano el día en que sus actividades se normalicen.

Antes de la contingencia provocada por la mina, filial de Grupo México, el 6 de agosto pasado, productores de queso de la región, como Guadalupe Reyna Ruiz Pacheco, de la comunidad de San José, municipio de Baviácora, vendían hasta 15 kilos al día. Ahorita apenas vendo de dos a tres, asegura.

Comenta que desde hace seis años elabora quesos y vende cada kilo en 45 pesos, lo que, aunado a la crianza de becerros, le permitía a ella y a su marido sostener a su familia.

Sin embargo, después de la contaminación del río Sonora, que perjudicó a cerca de 22 mil habitantes de Ures, Baviácora, San Felipe, Aconchi, Huépac, Banámihici y Arizpe, las autoridades les prohibieron seguir produciendo quesos, por temor a que el ganado consumiera los tóxicos vertidos al cauce.

Explicó las dos principales causas por las que se ha desplomado la producción de queso: no hay pastura para los animales, se dejaron de regar los terrenos de agostadero por la contaminación del río, y como casi no hay forraje, las vacas producen menos leche. Habrá que esperar las lluvias, dijo.

La venta de queso también se ha visto mermada debido a que ciudadanos de Hermosillo y otras ciudades consumen menos productos elaborados en poblados aledaños al río Sonora. Todo mundo supo de la contaminación y tiene miedo, narró.

Ante la crisis, su familia tuvo que vender el poco ganado que tenía e incluso recurrió a préstamos para cubrir sus gastos, principalmente en una tienda de abarrotes a la que antes proveía queso y a cambio le daba despensa. “Nos siguen dando alimentos a cuenta del queso que esperamos producir, dice Guadalupe Reyna.

Antes del 6 de agosto, sus quesos se vendían en poblados cercanos y dos veces a la semana enviaba algunos a Hermosillo (a unos 150 kilómetros), donde un hermano los colocaba en tiendas de abarrotes.

La situación de la familia de Guadalupe Reyna, como la de muchas más, se complica porque habitantes de otras regiones del estado pretenden colarse para recibir compensaciones económicas del Fideicomiso Río Sonora, formado por Grupo México, denunció el alcalde de Aconchi, Pedro Armando Lugo López.

El 21 de enero, habitantes de municipios alejadas del río Sonora cerraron la carretera Ures-Mazocahui para hacerse pasar por damnificados por la contaminación y que los incluyeran en las listas de la segunda etapa del pago de compensaciones. Se prevé que al levantamiento de datos concluya a finales de febrero.

Lugo López consideró que quienes buscan infiltrarse en las listas causan un gran daño a los miles de habitantes de la zona del río Sonora, quienes aún no han recibido los casi 15 mil pesos destinados a cada hogar o no les han pagado las compensaciones por daños al comercio y la producción de alimentos.

Isidro Domínguez, empleado del restaurante La Merced, en Ures, señaló que si bien las ventas en los establecimientos de esa comunidad han mejorado, sobre todo los fines de semana, aún están lejos de alcanzar la afluencia previa a la contaminación del río. Aunque las autoridades federales y universidades han demostrado que lo peor ya pasó, que ya no hay contaminación, la gente todavía tiene temor de venir, apuntó.