La Defensoría del Pueblo solicitó a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) que brinden explicaciones sobre el alza del agua.

De este modo, solicitó de manera detallada y precisa, que se pronuncien respecto a los recientes aumentos tarifarios que se han aplicado en el servicio de agua potable y alcantarillado, en salvaguarda de los derechos de los usuarios.

Iván Lanegra, Adjunto de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que el origen del alza de tarifas es la necesidad de financiar obras de iniciativa privada, como la Derivación Huascacocha–Rímac, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, así como la Planta Huachipa y Ramal Norte.

En el año 2008, la Defensoría del Pueblo advirtió que algunos de estos proyectos de inversión privada serían financiados por usuarios mediante las tarifas. En esa oportunidad, se solicitó a Sunass y Proinversión, así como al Ministerio de Vivienda, que explicasen las razones técnicas que sustentaban dichas medidas.

“Sunass ha aprobado la nueva estructura tarifaria de Sedapal, a pesar de que, en estos momentos, los proyectos Huascacocha y Taboada carecen de información referida a la fecha de inicio de los trabajos y de su operatividad. Sin dichas precisiones no se puede explicar la coherencia de los aumentos tarifarios, y esto afecta los derechos de miles de usuarios del servicio”, señaló Lanegra.

Tras agregar que más de 220 000 familias se verán afectadas por incrementos de hasta ocho nuevos soles en sus recibos de consumo de agua, sostuvo que la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Sunass, en forma reiterada, que mejore sus mecanismos de información y participación ciudadana en los procesos de revisión tarifaria.

Por otra parte, Lanegra dijo que es necesario que Sedapal adopte medidas urgentes en vista de un posible incremento en las reclamaciones en razón del aumento en las tarifas.