Presentará UNAM estudio sobre la contaminación en el Río Santiago

18 septiembre 2012

18 de septiembre de 2012

Nota de Alejandro Velazco

 

En la próxima Asamblea Regional de Afectados Ambientales, a celebrarse tentativamente el 29 de septiembre en la comunidad de Huaxtla, Zapopan, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentarán un estudio realizado a las aguas del Río Santiago, desde Zula hasta Paso de Guadalupe, así lo informaron miembros de la asociación civil Un Salto de Vida.

 

A decir de Graciela González, bióloga y activista del municipio de El Salto, el informe tiene gran importancia, pues se tomó en cuenta el movimiento del río y además los expertos realizarán una serie de comparativos con los estudios realizados por instancias gubernamentales, como son el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

 

En anteriores revisiones del afluente que han hecho estos dos órganos de gobierno se han encontrado diversos contaminantes y metales pesados, sin embargo, los afectados por la contaminación y diversas organizaciones internacionales como GreenPeace han denunciado que la información recabada se ha escondido –como en el caso del IMTA– o simplemente no se le da mayor importancia, por lo que los pobladores esperan que los datos obtenidos por la UNAM otorguen información confiable sobre la calidad del río.

 

Cabe recordar que en el último muestreo que la CEA hizo del agua, la contaminación por coliformes fecales –que supuestamente serían tratados por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado– incrementó considerablemente, sin ser temporal de lluvias.

 

Los miembros de la asamblea indicaron la importancia de tener relación con los académicos, sin embargo pidieron a estos no utilizar a los afectados solamente como objetos de estudio, sino cambiar el paradigma para adentrarse más en la problemáticas que viven día con día.

 

También lamentaron que en algunos casos los investigadores “se vendan al mejor postor”, y utilicen la información recabada en detrimento de las comunidades que visitan, o hagan proyectos que les afectan, financiados por las grandes corporaciones –como en el caso de las semillas transgénicas– o por las mismas autoridades.

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