Privatización del agua fomenta la desigualdad

25 agosto 2010

Diputados y empresarios destacan necesidad de garantizar el derecho humano básico de acceso al recurso.

25 de agosto de 2010

Fuente: Milenio

Por Agustín del Castillo

“Independientemente de que se crea o no en los posibles beneficios que la apertura de los mercados del agua pueda traer a la población, en un país como México, las políticas de libre mercado en el marco de la globalización neoliberal han aumentado las desigualdades de ingreso y oportunidades -como reconoce el propio gobierno federal a través de su secretario de hacienda que el pasado.

21 de julio anunció el crecimiento de la pobreza en nuestro país con la incorporación de 6 millones de nuevos pobres- e incrementado la cantidad de personas que no tienen acceso a la cobertura de sus necesidades básicas de salud, educación, vivienda y agua”, señalaron el diputado Raúl Vargas López y el empresario Anselmo Abrica Chávez, en su ponencia leída en el marco del tercer encuentro de Modelo Agua Jalisco.

Citaron al relator especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada al señalar que “la globalización de las corporaciones y su clara expresión de la privatización de los servicios, es una de las mayores amenazas para el acceso universal al agua potable”.

El encuentro, que se realizó en un hotel de esta ciudad, es patrocinado por la Comisión Estatal del Agua en busca de generar un nuevo esquema que garantice el cumplimiento de las metas de dotación de agua y saneamiento para los jaliscienses.

En países como México, añadieron los ponentes, “la privatización del agua se ha ido convirtiendo a su vez en un grave problema, al otorgar el manejo de los recursos a empresas privadas, quienes se conducen bajo la lógica y los criterios de los negocios, lo que provoca que aumente la presión sobre las fuentes de agua al intentar extraer la mayor rentabilidad del recurso en el menor tiempo posible. Los criterios de cuidado y sustentabilidad de los recursos suelen ser vencidos por los mal entendidos y peor aplicados criterios de rentabilidad y ganancia”.

Como lección “debe observarse lo ocurrido recientemente con los servicios de recolección de basura en diversas ciudades del centro del país, en dónde una divergencia contractual ha paralizado ha generado una situación muy peligrosa de salud pública y ha comprometido las capacidades y autonomía del gobierno para brindar y asegurar los servicios básicos para la población”, subrayaron.

Frente a esta problemática, “amplios sectores poblacionales han insistido en la necesidad de que el agua sea considerada por los sistemas jurídicos como un derecho fundamental. Esta ha sido una lucha constante en México durante la última década, puesto que en la Constitución Mexicana este derecho no se encuentra explícitamente reconocido […] el derecho al agua guarda una relación de interdependencia con otros derechos reconocidos en la Constitución mexicana, como pueden ser la salud, la vivienda y el medio ambiente, que son de imposible ejercicio si no se cuenta con una cantidad suficiente de agua disponible”.

Añaden: “no se puede pasar por alto el hecho de que en el artículo cuarto constitucional ya se ha reconocido explícitamente el derecho al medio ambiente que por obvias razones tiene un vínculo indisoluble con el agua y por tanto con el derecho fundamental al agua. Si bien es cierto que el objetivo de éste último tiene una orientación de carácter social (que todas las personas puedan acceder a una cantidad de agua indispensable para su consumo personal y doméstico), ello no puede separarse del conjunto de relaciones ambientales que se establecen entre medio ambiente y agua. De hecho, de todas las normas internacionales con carácter vinculante, ha sido a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que se ha determinado con mayor precisión el contenido del derecho humano al agua y las obligaciones que se desprenden del mismo para los Estados firmantes”.

Así, reiteran “la necesidad de la justa distribución de la riqueza y del ingreso, y lo condiciona a que se garantice el desarrollo nacional que conforme al texto debe ser integral y sustentable, estableciendo que es al Estado a quien corresponde este importante reto y compromiso constitucional”.